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Hoy más que nunca estamos clamando por fortaleza institucional que permita pesos y contrapesos en nuestra nación y, a la vez, un apego por la constitución y las leyes.
Por Juan Camilo Quintero M. - @JuanCquinteroM
La fragilidad de las democracias en América Latina está comprobada: 130 golpes de Estado entre 1900 y 2020, más de uno por año. La cifra impacta y desnuda con la misma fuerza. Impacta por el desangramiento que conlleva que un puñado de países derroquen a sus presidentes una y otra vez, y desnuda la debilidad de nuestras instituciones, de la política y el fracaso de un caudillismo sin sentido en el que incluso hoy parecemos empecinarnos. Reza el dicho, que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Nuestro mal, por alguna razón es más grave: conocemos y, aun así, como la mula necia que tira al abismo, repetimos la historia trágica. Muchos de los golpes de estado fueron llevados a cabo por militares, mientras que, en otros casos, fueron liderados por civiles o políticos y algunos por potencias extranjeras.
La semana pasada el exdirector de ACORE, coronel retirado John Marulanda, de manera directa manifestó que había que “defenestrar” al presidente Petro por ser exguerrillero. Antes que nada, el actual presidente de Colombia fue elegido democráticamente y con una votación representativa, pero, además como lo tilda Marulanda “por exguerrillero”, lo cual carece de sentido alguno. Tampoco ayuda a la estabilidad que necesitamos que cada vez que el presidente da una alocución llame “al pueblo” para que salga a las calles y proteste. Ni los militares a tumbar al presidente, pero tampoco el presidente llamando a unas protestas de alcances peligrosos y desconocidos.
Hoy día, los colombianos estamos atentos a que el presidente y sus ministros encuentren el camino para gobernar con alineación al interior del Gobierno, sin generar pánico y discordancias permanentes y, por supuesto, con criterio técnico que permita tomar las decisiones correctas que ayuden a que Colombia siga avanzando. Se puede estar o no de acuerdo con el actual Gobierno, lo que sí debemos rechazar contundentemente es la incitación a un golpe de Estado que nos sumiría en una crisis institucional, económica y hasta en una guerra civil en un país que está totalmente polarizado.
Un golpe de estado en Colombia no resuelve los problemas estructurales, seguramente los agrava; no se trata de cambiar una persona por revanchismos ideológicos o por su procedencia, hoy más que nunca estamos clamando por fortaleza institucional que permita pesos y contrapesos en nuestra nación y, a la vez, un apego por la constitución y las leyes. Es el momento de exaltar la democracia, hacer uso de los instrumentos que nos da la ley, entre ellos, el voto de las próximas elecciones regionales de octubre, allí podremos expresar si estamos alineados con las reformas del presidente Petro apoyando o no los partidos que hoy respaldan al Gobierno.
Hemos vivido décadas de guerra, estamos hartos del conflicto, sería un exabrupto meternos en uno más buscando derrocar al presidente. Seamos responsables con las propuestas en momentos de sensibilidad política.