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Fiscalmente los departamentos son la cenicienta de nuestra organización territorial. Su participación en el recaudo tributario escasamente llega al 4% (frente a 86% de la Nación y 10% de los municipios), razón por la cual los recursos de la mayoría de ellos provienen en un 80% o más de transferencias del nivel central, principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR) y recursos con destinación específica.
Estados federales como Brasil, Estados Unidos o Alemania otorgan a sus entidades subnacionales potestad tributaria sobre impuestos de renta, consumo o propiedad, y facultades normativas para definir bases, tarifas y administración tributaria. En Argentina y México, sus provincias o estados pueden recaudar impuestos significativos y diseñar incentivos fiscales. La arquitectura fiscal colombiana impone a los departamentos una dependencia estructural que convierte en letra muerta la “autonomía para gestionar sus intereses” otorgada a las entidades territoriales por el artículo 287 de la Constitución.
A diferencia de los gobernadores que se han sucedido desde la expedición de la Constitución de 1991, limitados en su mayoría a un ejercicio anodino de sus funciones, el gobernador Andrés Julián Rendón decidió tomar en serio aquello de la autonomía del artículo 287 y la responsabilidad en el manejo del orden público que le asigna el 296. Para lo primero, se puso al frente de la convocatoria de un referendo para reformar el artículo de 298 de la Constitución y entregarles a los departamentos el recaudo del impuesto de renta; para lo segundo, asumió el elevado costo político de establecer un tributo destinado a la financiación logística de las fuerzas militares.
Gobernador de Antioquia por amplia mayoría y con la mayor favorabilidad entre los gobernantes territoriales, su discurso de seguridad, inversión privada y autonomía territorial contrasta con las propuestas centralistas, asistencialistas y claudicantes con la criminalidad del Gobierno Nacional. En este escenario, judicializar a Rendón no sólo debilita políticamente a Antioquia, sino que envía un mensaje claro a otros gobernantes que se atrevan a ejercer liderazgo sin alinearse con la Casa de Nariño: el costo de disentir será la persecución. Estamos hablando de supuestas irregularidades en contratos de infraestructura y transporte que datan de la época en que Rendón fue alcalde de Rionegro y que han sido objeto de investigaciones jurídicas, administrativas y técnicas sin se haya demostrado responsabilidad alguna del gobernador.
El momento procesal no es coincidencia. Desde hace meses, distintos sectores han denunciado una politización creciente de la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, cercana al presidente Gustavo Petro. Se evidencia una preocupante tendencia a perseguir judicialmente a figuras de la oposición, mientras se engavetan investigaciones contra aliados del gobierno. En este contexto, el proceso contra Rendón no se presenta como una acción de justicia imparcial, sino como parte de una estrategia de desestabilización de los contrapesos regionales frente al poder central.
Se hace necesaria una veeduría internacional y el acompañamiento permanente de la Procuraduría en lo que a todas luces es un caso lawfare.
