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Se nos agota el tiempo para decidir por cuál candidato votar. Lo deseable es que no permitamos, como ocurre con frecuencia, que la pasión obnubile la razón, que la mentira por resultar más convincente aplaste la verdad o que la campaña con mayores recursos económicos termine imponiéndose, sin dar espacios suficientes al raciocinio sobre los reales intereses de la nación y del bienestar social. El exceso de palabrería barata y la perturbación masiva de la información dificulta una buena elección, especialmente en los aspectos de mayor importancia para el país.
La decisión resultará difícil, no solo por las precarias calidades de los candidatos a tan alto cargo, sino por la pobreza conceptual y argumentativa de las actuales campañas y los efectos de la guerra informática que hacen casi imposible escudriñar la verdad. Por fortuna, los candidatos han acertado al comprender el querer popular que exige cambios profundos en la forma de manejar los bienes de incumbencia pública. Ese podría ser un primer destello en el despertar de la modorra que nos mantiene en una zona gris entre convivencia y violencia, donde la política ha llegado a ser la continuación de la guerra por otros medios (parodiando a Clausewitz).
Uno de esos cambios necesarios e importantes es el referido al manejo de los temas atinentes a la soberanía, la independencia y la integridad territorial. En las pocas oportunidades en que hemos recibido opiniones de los candidatos sobre el tema, se evidencia su poco conocimiento y la inconveniencia de sus propuestas, por lo que han tenido que echar marcha atrás en sus planteamientos y recurrir a voces obsecuentes para disfrazar lo dicho, en provecho de sus intereses electorales.
Ante la ausencia de proyectos claros, tendremos que esperar el proceso de elaboración del plan de desarrollo del próximo gobierno para conocer posiciones en aspectos de trascendencia histórica referidos a la seguridad y la defensa nacionales, como son la geopolítica global, regional y vecinal; el manejo de los recursos estratégicos ubicados en el espacio aéreo, en el subsuelo o propios de nuestra biodiversidad; u otros también contemplados en nuestra Constitución (art. 101), como la inteligencia artificial, el espectro electromagnético, el ciberespacio y nuestro segmento de la órbita geoestacionaria. Todo ello en conjunción con las transformaciones y desafíos de nuestra cambiante realidad nacional, que se mueve en permanente conflicto entre valores e intereses.
En todo caso resulta inminente y provechosa la necesidad de repensar la política de seguridad y defensa. Para ello se requiere diseñar un nuevo modelo que atienda con mayor eficacia las conflictividades internas y logre la siempre necesaria capacidad disuasiva en defensa de los intereses nacionales ante potenciales amenazas externas.
Necesitamos, además, comprender que el nuevo campo de batalla está en las mentes de nuestra sociedad y, en consecuencia, requerimos nuevos lineamientos de política en materias de seguridad y defensa, en correspondencia con los imperativos de una nueva ética social que articule una transformación cultural.
¿Será ello posible en un gobierno de cualquiera de los dos candidatos en contienda?
