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Por fin el Dane publicó el informe de pobreza multidimensional (IPM), asociada al desarrollo de largo plazo, basada en el concepto de bienestar de Amartya Sen según el cual la pobreza monetaria es una medida insuficiente. Este informe reitera la brecha urbano-rural y la desigualdad entre regiones. Preocupa que el gobierno no tenga en cuenta estos resultados en los análisis de las reformas en curso.
La pobreza multidimensional del país pasó de 29,7% en 2010 a 16,0% en 2021 y a 12,9% en 2022; lo anterior significa una apreciable reducción de 17 puntos porcentuales (p.p) en todo el período y de tres p.p en el 2022. La historia de dicha pobreza para la zona rural es un tanto diferente pues en 2010 se situaba en la escandalosa cifra de 50,8%, pasó a 31,1% en 2021 y a 27,3% en 2022. Es decir, hay una reducción significativa en la pobreza multidimensional desde cuando se inició esta medición; persiste, eso sí, una gran brecha entre las zonas rurales y urbanas de 14.4 p.p.
Hay una brecha adicional que es la regional. Bogotá es la ciudad con menor IPM (3,8%) mientras la región Caribe presenta la mayor pobreza (21,4%), aún mayor que la de la región Pacífica sin Valle del Cauca (20,7%). Además, 20 de los 33 departamentos tienen una pobreza multidimensional mayor al promedio nacional, siendo en su orden Vichada, Vaupés, Guainía, La Guajira y Chocó las más pobres. Antioquia con 10,9%, está por encima de 11 departamentos.
El análisis del porcentaje de hogares con privación y mayor incidencia en la medida de pobreza multidimensional (2022) muestra que en el 72,7% de los casos esta se origina en el trabajo informal (40,9%), luego están otros factores como el bajo logro educativo (24,3%), el rezago escolar (13,3%) y el desempleo de larga duración. Solo el 8,4% presentaba privaciones por no tener aseguramiento en salud y el 2,0% por tener barreras de acceso a los servicios de salud.
Dichas privaciones ponen de manifiesto algo sustancial: las reformas laboral y de salud no son coherentes con los factores que determinan las privaciones de los hogares. Si la principal privación proviene del trabajo informal no se explica por qué la respectiva reforma no incluye un capítulo para generación de empleo y formalización, y privilegia la estabilidad laboral; varios estudios indican que esa reforma aumentará el desempleo y la informalidad. Las privaciones en relación con la salud denotan que pocos hogares no tienen aseguramiento o tienen barreras al acceso; no se entiende la razón para reformar todo el sistema de salud sin garantía de continuidad en la atención y sabiendo que el acceso de zonas rurales y dispersas requiere más bien de un sistema especial.
Ambas reformas aumentarán la pobreza, (sólo salud en 2 millones, según Anif). La ideología, la falta de escucha y de análisis riguroso, así como la negación de la participación de privados en la prestación de algunos servicios, ponen en riesgo los grandes logros de las últimas décadas en reducción de pobreza. El panorama es desalentador, hay que levantar la voz.
