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El Gobierno social-comunista de España ha anunciado una nueva regularización de migrantes. Se espera que medio millón de personas en situación irregular puedan disponer de papeles para trabajar de forma legal. Pero no solo trabajar: los regularizados podrán votar en las elecciones municipales y acometer su proceso de nacionalización por residencia, lo que les convertiría en españoles de pleno derecho y, por lo tanto, en europeos con capacidad de moverse y trabajar libremente en todo el territorio de la UE.
Me han leído celebrar la inmigración hermana hispanoamericana que llega a España. La he llegado a calificar de “bendición”, pero permítanme que mantenga ciertos recelos. Por el pelaje de quien aprueba la regularización, por el momento en el que se realiza -en plena crisis por escándalos de corrupción que rodean a los socialistas y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- y por el volumen de personas que podrían acogerse.
En España había a 1 de octubre de 2025 algo más de siete millones de personas con nacionalidad extranjera. A este récord se suma el de trabajadores extranjeros, con 3,57 millones de personas foráneas ocupadas a cierre de 2025. En 2025, el 42% de todo el empleo creado corresponde a no españoles. Unos 2,2 millones de esos 3,57 millones de ocupados extranjeros llevan siete años o más en España, trabajan en el sector servicios (2,5 millones) y proceden en su mayor parte de Iberoamérica (1,5 millones).
La mayoría de estos trabajadores se encuadra en el régimen general como asalariados (2,6 millones), principalmente en la hostelería (415.504), el comercio (339.196), las actividades administrativas y servicios auxiliares (266.455), la construcción (243.480) y la industria manufacturera (208.130).
Por nacionalidad, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido por Rumania, Colombia, Venezuela, Italia y China.
Estos procesos de regularizaciones comenzaron en 1986 con gobiernos tanto socialistas como conservadores. El único estudio sobre el impacto de las regularizaciones es el realizado sobre la última, la de 2005, e indica que cada migrante regularizado en 2005 aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales al año tras legalizar su situación. Aislada, la medida fue beneficiosa para las arcas públicas, puesto que estas personas ya hacían uso de la sanidad o la educación públicas.
Los ciudadanos extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que solo suponen el 1% del gasto, según el Gobierno español. El Banco de España calculaba que la población extranjera ha contribuido con hasta una cuarta parte del incremento del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024.
La Autoridad Fiscal (AIReF) señala que la población extranjera pasará del 13,4% del total en 2024 al 17% en 2050 y al 19% en 2070. Pero esto no será suficiente para evitar el descenso de la población en edad de trabajar a partir de 2029. Sería necesario más de un millón de personas netas al año.
El resto de Europa mira con perplejidad esta regularización. En Francia, hace casi tres décadas que no se produce un proceso similar a pesar de que hay unos 700.000 sin papeles. Italia, con menos población extranjera que España, y Portugal han virado, Alemania quiere reducir llegada de irregulares y en Bélgica se dan caso por caso.
España necesita trabajadores y cuenta con la ventajosa asimilación de nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, pero cuando nuestros vecinos van por otro carril será por algo. Por eso, un proceso que asimila a medio millón de personas de golpe debería hacerse con mayores garantías y filtros. Para que no se cuelen malas hierbas que deriven en un ICE a la española en 10 años.
