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No es la primera vez que escribo refiriéndome a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la aciaga incidencia que ejerce en nuestra democracia y nuestra institucionalidad, sin embargo, sí espero que esta sea a la última porque, no veo la hora de que el presidente Iván Duque objete (tiene plazo hasta el lunes 11 de marzo), la Ley Estatutaria de ese adefesio que jamás debió existir.
Para rechazar ese disparate cuenta con muchos argumentos: jurídicos, políticos y de beneficio para el país. Está asistido por razones que van, desde su ilegítima concepción e imposición y la atrevida extralimitación de sus funciones, hasta los gravísimos comportamientos delictivos que varios de sus miembros están llevando a cabo en su interior.
Aunque para sus gestores (criminales de lesa humanidad de las Farc), y para su presidenta, la magistrada Patricia Linares, el balance luego de un año de funcionamiento de ese “modelo inédito de justicia” es de “satisfacción y orgullo”, para quienes elegimos el actual gobierno, el resultado es funesto: un despilfarro descomunal de miles de millones de pesos en un ente de casi 3.000 empleados, completamente politizado y con una notoria predilección por la defensa a ultranza de los criminales de las Farc, donde cunden, además, la corrupción y el nepotismo, y opera el más descarado carrusel de contratación.
Los escándalos más recientes, apenas conocidos por encima, permiten intuir que lo que hay en el fondo es bastante más escabroso que todas las porquerías registradas hasta la fecha.
No se olvide que esa entidad se estrenó con un secretario Ejecutivo, el exmagistrado Néstor Raúl Correa, que fue despedido y puesto en manos de la Fiscalía por presunta adulteración de documentos para favorecer jefes de las Farc, y que fue reemplazado por la exfiscal Martha Lucía Zamora quien, en compañía de los funcionarios Juli Milena Enríquez y Luis Ernesto Caicedo, también fueron a parar donde el fiscal General Néstor Humberto Martínez, para rendir indagatoria por presuntos fraudes procesales a favor de los jefes de las Farc alias “Iván Márquez”, alias “Paisa” y alias “Romaña”, razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos les retiró la visa.
Hemos presenciado durante un año las más estrafalarias maniobras para dilatar la extradición del alias “Jesús Santrich”, maromas que hoy, luego del reciente operativo en el que fue arrestado el fiscal de esa jurisdicción Carlos Julián Bermeo, parecen cobrar sentido, al conocerse por la Fiscalía, que este al parecer influyó para dificultar el destino de la carta remitida por la JEP a Washington, y que recientemente se comprometió para retrasar el trámite de extradición de Jesús Santrich en tres meses, para lo cual supuestamente cuenta con la ayuda de un magistrado y un secretario de la JEP.
Depositamos, entonces, nuestra confianza en el presidente Iván Duque, ahora que se presenta esta particular coyuntura, seguros de que hará todo cuanto esté a su alcance para tratar de corregir a fondo ¡tamaña aberración! que nos dejó el dichoso Nobel de Paz.
