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En Cuba se apagan las luces; en Nicaragua se apagan los contrapesos. La primera enfrenta una crisis económica y energética que asfixia la vida cotidiana; la segunda profundiza un modelo político que reduce más el espacio para la oposición. No son dos accidentes simultáneos ni simples consecuencias de presión extranjera. Son resultado de gobiernos que han restringido libertades, debilitado instituciones y convertido la permanencia en el poder en política de Estado.
La Habana y Managua han utilizado a Washington como explicación universal de sus fracasos. Pero las sanciones estadounidenses no encarcelaron opositores, no cerraron espacios democráticos ni diseñaron economías incapaces de ofrecer prosperidad. La responsabilidad principal está dentro. EE. UU. tiene razones legítimas para contener regímenes autoritarios que abren espacios a actores estratégicos adversarios y proyectan inestabilidad sobre su propio vecindario.
El problema es que esas crisis desbordaron la política doméstica. Cuando desaparecen oportunidades, la población migra; cuando las instituciones se cierran, aumenta la presión social; y cuando un gobierno se aísla de democracias cercanas, busca oxígeno en poderes lejanos. Rusia, China e Irán han encontrado en Cuba y Nicaragua plataformas para ampliar presencia diplomática, económica, tecnológica y de seguridad en un espacio sensible para EE. UU.
Esta competencia tampoco necesita repetir la Crisis de los Misiles. Hoy el poder viaja por cables submarinos, puertos, telecomunicaciones, sistemas de vigilancia, datos, inteligencia, ciberespacio, financiamiento y operaciones de información. La amenaza moderna puede instalarse sin uniforme y adquirir influencia antes de que las sociedades comprendan que el tablero cambió. Washington no debería limitarse a administrar el problema. Debe liderar, junto con democracias de la región, una estrategia capaz de neutralizar riesgos: presión económica selectiva sobre élites responsables, persecución de redes financieras ilícitas, fortalecimiento de inteligencia y ciberdefensa, defensa de la libertad de información, respaldo a la sociedad civil y cooperación diplomática y de seguridad. No se trata de intervenir militarmente, sino de impedir que el deterioro autoritario se convierta en plataforma para intereses contrarios a la estabilidad hemisférica.
Ese liderazgo también debe ofrecer una salida positiva: integración económica, apoyo humanitario condicionado, conectividad democrática y oportunidades para sociedades que no pueden seguir pagando el costo del autoritarismo. ¿Y Colombia? Mucho en juego. Somos un país con una importante ubicación geoestratégica, puente con Centroamérica y corredor de flujos migratorios y comerciales. Una mayor crisis en Cuba o Nicaragua puede repercutir en migración, seguridad marítima, economías ilícitas, crimen transnacional, rutas de narcotráfico, inteligencia y relaciones internacionales.
Colombia necesita anticipación estratégica, no neutralidad intelectual: escenarios, inteligencia regional, vigilancia marítima, protección de infraestructura crítica y una cooperación renovada con EE. UU. y las democracias del continente. Cuba y Nicaragua no son amenaza por sus pueblos ni por su geografía. El riesgo está en regímenes que cerraron sus sistemas políticos mientras abren espacios a dependencias estratégicas externas. Ignorarlo sería ingenuidad. Administrarlo indefinidamente, un error. Neutralizar sus efectos regionales, antes de que se consoliden, es una tarea de seguridad hemisférica.
