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Uno de los temas más graves de la seguridad en Colombia, es uno de los menos discutidos. No ocupa titulares y rara vez aparece como eje de las agendas públicas. Ocurre todos los días, de forma masiva y sostenida, revelando una transformación silenciosa en ejecución de hechos delictivos.
El porte de armas cortopunzantes y objetos peligrosos se incrementó 12% frente a 2024. No es variación marginal, es tendencia estructural que hoy define la convivencia en Colombia. En 2025 se registraron más de 549 mil casos asociados a esta conducta: más de un tercio de los comportamientos contrarios a la convivencia en el país.
Esta decisión no es una simple infracción es el reflejo del miedo, la desconfianza o la disposición al conflicto, y que traslada la seguridad del ámbito público al individual; en ese tránsito, el Estado pierde capacidad de orientar la convivencia y la sociedad comienza a reorganizarse desde la sospecha, el otro deja de ser ciudadano confiable y el espacio público se convierte en escenario de tensión.
Sumado a este fenómeno, las riñas o incitación a la violencia física se evidenció en 127.835 casos, equivalentes al 8,7% del total, mientras que el consumo o presencia de drogas en entornos educativos o deportivos alcanzó 229.565 registros, 15,6%. Estas cifras de la Policía Nacional no pueden analizarse de forma aislada: juntas describen una sociedad que se vuelve más agresiva, permisiva frente a la ilegalidad cotidiana y vulnerable en sus espacios sensibles.
Los datos sobre riñas no son menores. Más de 127 mil eventos evidencian una pérdida progresiva de la capacidad de autorregulación social. A esto se suma las drogas en entornos donde deberían prevalecer la protección y formación. Más de 229 mil registros en estos espacios reflejan un problema de control, y una fractura en límites básicos de convivencia. Lo que emerge más allá de un problema de seguridad, es un deterioro de los códigos que sostienen la vida en común. Una sociedad que normaliza el porte de armas cortopunzantes, que incrementa niveles de confrontación y tolera la presencia de drogas en espacios formativos, debilita sus mecanismos de prevención. Pierde capacidad de resolver conflictos sin violencia y de proteger entornos más sensibles, y lo más inquietante es que este proceso avanza sin una discusión proporcional a su gravedad.
Tal vez ocurre porque obliga a reconocer una verdad incómoda: el problema no está solo en las estructuras criminales, sino en las dinámicas cotidianas. Es un desafío institucional, y cultural. Por eso requiere respuestas profundas y valientes. Colombia no solo enfrenta un problema de seguridad. Confronta una transformación en la forma de convivir. Ignorarla es permitir que se consolide.
En este contexto, el debate electoral adquiere relevancia decisiva. No basta con hablar de seguridad en términos generales, es necesario comprender cómo se transforma en la vida diaria y qué respuestas concretas se proponen frente a ello. Es el primer paso para corregir el rumbo, y eso implica revisar con lupa cuáles propuestas en la campaña reconocen la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad y reconstruir la confianza ciudadana; y pasar del populismo a la acción responsable, con tareas diferenciales e indicadores medibles, condición indispensable para revertir tendencias que hoy erosionan la convivencia.
