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Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y aunque suele hablarse de bienestar emocional, autocuidado o prevención del suicidio, poco se aborda un vínculo decisivo: la conexión entre salud mental y seguridad pública. No es una exageración afirmar que el deterioro del equilibrio psicológico de una sociedad puede ser tan amenazante como la violencia armada o el crimen organizado. La salud mental, en suma, es también un asunto de seguridad nacional y ciudadana.
En Colombia, los datos son inquietantes. El Ministerio de Salud estima que cuatro de cada diez personas presentan algún síntoma de ansiedad o depresión, y el suicidio es hoy una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes. Pero más allá de las cifras, lo alarmante es la fragilidad del sistema de atención: solo uno de cada diez colombianos con un trastorno mental recibe atención adecuada. En muchas regiones rurales o periféricas, un psicólogo puede estar a cientos de kilómetros de distancia. Este abandono no solo afecta a las personas, sino que tiene efectos directos sobre la convivencia, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, los delitos impulsivos y la desconfianza social.
La crisis emocional colectiva se manifiesta en las calles, en las cárceles, en las escuelas y en las redes sociales. Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia, en 2023 las riñas representaron cerca del 40% de los casos atendidos por la institución, y los reportes de violencia intrafamiliar aumentaron un 16%, según el Observatorio de Violencias de Género de Medicina Legal. Estos comportamientos —conductas agresivas no planeadas, muchas veces ligadas a estrés, ansiedad o consumo de sustancias— evidencian que buena parte de la conflictividad urbana tiene una raíz psicológica no tratada.
Una política moderna de seguridad no puede limitarse a solo cámaras o más uniformados. Debe incorporar un enfoque de salud mental comunitaria, con programas de detección temprana, mediación emocional y acompañamiento psicológico a poblaciones vulnerables. Las ciudades más seguras no son las que tienen más patrullas, sino las que logran reducir el dolor invisible que antecede al delito.
Los propios miembros de la Fuerza Pública también enfrentan riesgos significativos. Estrés postraumático, fatiga emocional y trastornos derivados de la exposición constante al conflicto o a la violencia urbana son realidades poco atendidas. Cuidar la salud mental de quienes protegen a la ciudadanía es también un imperativo de seguridad.
La OMS lo ha advertido: no hay paz ni seguridad sin salud mental. Países como Canadá o Finlandia han integrado estrategias de bienestar psicológico en sus políticas de seguridad y convivencia, entendiendo que el equilibrio emocional colectivo es un componente esencial de la estabilidad social. Colombia debe seguir ese camino, especialmente cuando las heridas del conflicto armado aún laten y la polarización política ha normalizado la agresión verbal y el odio como formas de relación.
Promover la salud mental no es un lujo asistencial; es una política preventiva de seguridad humana. Implica reconstruir los lazos sociales, fomentar la empatía, y devolverle a la comunidad un sentido de propósito compartido. La salud mental debe verse como un factor estratégico de paz urbana, de resiliencia institucional y de confianza ciudadana.
Porque, al final, una sociedad que ignora el sufrimiento psicológico de sus ciudadanos termina cosechando la inseguridad emocional que tanto teme. Cuidar la mente —individual y colectiva— es la más silenciosa, pero también la más poderosa estrategia de seguridad pública que puede tener un país.
