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Una política de seguridad en Colombia no puede basarse en la amnistía ni en beneficios jurídicos.
Por Jorge Andrés Rico Zapata - andresricocp@gmail.com
La experiencia de lo que se ha dado en este gobierno respecto a seguridad debe ser aprendizaje para un próximo mandatario. Existen problemas asociados a contexto de ciudades y regiones que deberán revisarse desde el actuar de gobiernos e instituciones territoriales. En este caso, me ubicaré en el modelo nacional para tratar el conflicto armado y la seguridad.
Queda demostrado que una política de seguridad en Colombia no puede basarse en amnistía ni beneficios jurídicos bajo declaración a criminales como gestores sociales como base para una negociación. Lo que les importa a los actores criminales es el lucro, no les interesa participación política o social como objetivo final, sino como escenario para fortalecerse y continuar delinquiendo. Deberá combatírseles, desarticularlos y afectar sus economías. De inmediato ocupar el espacio institucionalmente. Esto es seguridad multidimensional.
La erradicación manual de coca no funciona mientras grupos criminales controlen espacios territoriales. Debe volverse a la aspersión aérea. Esto deberá ser amparado en un modelo integral de acción dura en erradicación y blanda en ocupar y transformar económicamente la zona de la coca y el apoyo a campesinos, mientras se combate a criminales. Por supuesto, revisar aspectos ambientales y de salud.
Un posible diálogo se podrá dar una vez los criminales se vean sin opción de lograr sus objetivos y de seguir en la vía armada a partir de una estrategia multidimensional (utilizar recursos militares armados y control del territorio) por el Estado.
Las fuerzas militares afectadas por la ideología anti institucional y el nulo liderazgo político del gobierno actual requieren que se les vuelva a moralizar y valorar, se les brinde capacidades logísticas, militares y de inteligencia para que cumplan objetivos claros de Estado. Lo que hoy vive, por ejemplo, la Cuarta Brigada en Medellín, en donde el apoyo del gobierno según el Gobernador de Antioquia ha sido de $32 millones demuestra el poco interés y la asimetría de nuestro contexto: grupos criminales fortalecidos y con capacidad operativa militar mientras las fuerzas militares son debilitadas desde adentro disminuyendo capacidades.
La política de seguridad en un próximo gobierno deberá tener en cuenta que Colombia es uno de los dos mayores mercados criminales del mundo debido a que grupos ilegales establecieron capacidades que son bastión para aumentar los réditos económicos, sin depender de solo el narcotráfico, aunque es su mayor economía ilegal. El modelo del crimen organizado opera articulando lo local en ciudades, lo regional en y entre departamentos y lo transnacional desde y hacia Colombia, con rutas y apoyos estratégicos por parte de gobiernos y narcos extranjeros como carteles de México y de Venezuela.
Y lo más importante, deberá establecer una comunicación estratégica desde el entorno de la seguridad y las instituciones del Estado, para buscar oposición a las acciones propagandísticas de los criminales. Para que las acciones operacionales y estatales estén articuladas a una actuación en la mente de la ciudadanía, generando relacionamiento de confianza con la sociedad.