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La obligación de los expresidentes de pedir permiso al Senado para salir del país después de dejar el poder nació en 1910. En junio de 1909, Rafael Reyes, todavía presidente, entregó secretamente el mando y se embarcó en Santa Marta hacia Europa sin formalizar su renuncia. Fue abandono del cargo y fuga ante posible juicio político.
En 1910, la Asamblea Nacional, orientada por Carlos E. Restrepo, en reacción al autoritarismo del Quinquenio, redujo el periodo presidencial, instauró el voto directo, prohibió la reelección y estableció que quien hubiera ejercido el cargo no podría abandonar el territorio nacional durante el año siguiente sin autorización del Senado. Fue un “arraigo constitucional” para impedir que un mandatario se fuera de manera abrupta e impune.
El Senado acaba de conceder ese permiso a Petro. 73 votos a favor y 11 en contra. El CD pidió condicionar cada salida a que informe previamente fechas y destinos específicos. Es una decisión de Estado, no un favor personal. Garantiza que, si la justicia colombiana lo requiere, se sepa dónde está. Yo, a quien nadie podría acusar de blando o tibio con Petro, si hoy fuera senador habría votado sí al permiso condicionado. Y, seguro, no habría pedido permiso a las bodegas y si ellas se avalanzaran contra mí, me importaría mucho menos que poco. Porque la coherencia no se mide por el grito de la tribuna digital, sino por la capacidad de actuar con criterio cuando toca.
Ahora resulta que algunos que miraron para otro lado durante cuatro años, que relativizaron excesos o buscaron “espacios de diálogo”, se descubren de pronto como los únicos depositarios de la pureza democrática. De la noche a la mañana se convirtieron en guardianes del temple. ¡Qué conveniente! ¡Qué oportuno! Los que siempre confrontamos a Petro sin ambigüedades, sin dobleces y sin cálculos ahora recibimos lecciones de firmeza de quienes descubrieron la radicalidad cuando ya no hay costo real en exhibirla.
Uribe y quienes lo acompañamos no necesitamos que nos enseñen a enfrentar al Socialismo del Siglo XXI. Esa tarea la cumplimos cuando era impopular, cuando costaba y cuando había que pagar el precio político de decir las cosas por su nombre. No cuando resulta fácil subirse a la ola de la indignación selectiva. ¿Huida de qué? No existe orden de captura inminente contra Petro en Colombia. Y si un gran jurado estadounidense —como el mismo Petro insinuó— lo requiere, el largo brazo de esa justicia, como se demostró con Maduro, no tiene límites geográficos. Lo encontrará donde esté.
Los once que votaron en contra ahora recorren las redes posando de héroes que intentaron “evitar la huida”. Varios de ellos pertenecen a partidos que se declararon independientes durante el gobierno de Petro, no opositores consecuentes como nosotros. Hoy pretenden ser más papistas que el papa y montan una campaña ruin contra quienes actuamos con criterio de estadistas, para posar ellos de lo que nunca fueron: combatientes de primera línea. Permitir que un expresidente salga del país bajo reglas claras no es claudicación. Es no convertir cada trámite constitucional en un espectáculo que termina fortaleciendo al adversario. Hay una diferencia abismal entre quienes combatimos el proyecto de Petro desde hace años y quienes descubrieron la intransigencia cuando ya es rentable.
