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El pasado martes 16 de septiembre se llevó a cabo la Moción de Censura contra el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmada por 43 Representantes a la Cámara de distintos partidos. El motivo: la falta de cumplimiento de sus funciones en un contexto donde los actos terroristas se multiplican y la violencia golpea cada vez con más fuerza al país. Los recientes atentados en Cali, Caquetá, Huila, y el asesinato de policías en Amalfi (Antioquia), fueron la chispa que encendió un debate que, lejos de ser técnico y responsable, terminó convertido en espectáculo por las constantes dilaciones promovidas por sectores del oficialismo.
La discusión se sustentó en cifras demoledoras, que retratan el fracaso de la política de seguridad del actual Gobierno: más de 134.000 personas desplazadas o confinadas este año; 82.819 víctimas de desplazamientos masivos; 50.713 confinados por combates; 150 casos de reclutamiento infantil registrados solo en lo corrido de 2025 (757 desde que Petro llegó al poder); un incremento del 79% en los secuestros con 200 casos denunciados; 532 actos terroristas, 13 voladuras al oleoducto en lo corrido del año, y 274 masacres que han dejado 994 víctimas. Todo esto, mientras los grupos armados ilegales han crecido un 45% en su capacidad de control territorial.
Ante semejante panorama, resultó indignante escuchar a algunos congresistas defender al Ministro Sánchez alegando que no existe mérito alguno para la censura, como si las cifras no hablaran por sí solas. Peor aún, justificaron que el Ministro no puede responder por hechos anteriores a su posesión, ignorando tragedias que ocurrieron ya bajo su mando: el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el crimen de 13 policías cuya vida pudo haberse salvado con una reacción oportuna del Gobierno, el carro bomba en Cali que dejó 7 civiles muertos y más de 80 heridos, o los 84 militares asesinados en apenas seis meses de gestión.
La indiferencia del Congreso es dolorosa y peligrosa. Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad, pero el Ministro de Defensa brilla por su ausencia en el territorio. Prefiere ruedas de prensa en Bogotá y congresos empresariales en Cartagena, mientras 814 municipios están hoy bajo el control de las disidencias de las FARC, el ELN o el Clan del Golfo. En los hechos, la llamada “Paz Total” no es más que un fracaso que beneficia a los criminales y deja en la indefensión a millones de colombianos.
Por eso cabe la pregunta: ¿es injusta la censura contra el Ministro? La respuesta es obvia: no. Los Representantes tienen en sus manos la oportunidad histórica de votar con valentía este 26 de septiembre, de demostrar que no son cómplices del debilitamiento institucional, ni del abandono de la seguridad nacional. Si deciden blindar al Ministro, se confirmará que en el Congreso prima la complacencia política sobre la defensa de la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Colombia no necesita ministros de defensa políticos, necesita comandantes capaces de recuperar la autoridad del Estado. El país no puede seguir caminando hacia el abismo.
