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Las universidades existen para formar criterio, no para blanquear historias. Son espacios donde el pensamiento se afina como acero y la palabra se somete a un examen riguroso. Por eso defiendo, sin titubeos, los foros plurales, el contraste de ideas y el debate abierto. Una democracia madura necesita voces distintas. Pero también necesita memoria y límites morales y éticos.
En días recientes fue invitada a un espacio académico en mi universidad Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC. Y ahí es donde la discusión deja de ser abstracta y se vuelve moral. Porque pluralidad no significa neutralidad frente al daño. No todo puede entrar al aula con el mismo peso simbólico. No toda trayectoria puede presentarse como una opinión más.
Invitar a una persona vinculada con un grupo responsable de secuestros, asesinatos y décadas de terror no es un simple ejercicio de diversidad ideológica. Es una decisión que impacta a una comunidad concreta. En nuestras aulas hay estudiantes y profesores que cargan historias atravesadas por la violencia. Para ellos, esto no es teoría política. Es memoria viva y una afrenta contra las víctimas.
Como estudiante de la Universidad EAFIT, institución que respeto y quiero, me preocupa que en nombre del debate se diluyan responsabilidades. La universidad debe ser un escenario para escuchar argumentos rigurosos, no para relativizar el dolor ni convertir la tragedia nacional en un panel más del calendario académico.
Durante la semana conversé con distintos compañeros. La conclusión fue clara: necesitamos diálogo, sí. Pero diálogo con coherencia. La democracia exige contraste de ideas, no legitimación simbólica de quienes aún no han cumplido plenamente con la justicia, no han reparado integralmente a las víctimas o no han dicho toda la verdad. Antes que micrófonos, deben existir responsabilidades saldadas.
La pluralidad sin mínimos éticos se convierte en espectáculo. Y cuando el espectáculo reemplaza la reflexión, la universidad pierde su norte. No se trata de censura ni de miedo al debate. Se trata de reconocer que ciertos antecedentes no pueden tratarse con ligereza institucional. La libertad académica no está reñida con la memoria histórica. Por el contrario, se fortalece cuando la respeta.
A quienes cometieron crímenes y no han respondido plenamente ante la sociedad no se les debería invitar a escenarios de debate democrático como si su situación estuviera cerrada. Primero la verdad completa. Primero la reparación. Primero la justicia. Luego, si corresponde, el debate.
Colombia necesita universidades valientes, sí, pero también coherentes. Espacios donde la crítica sea firme y la ética no sea negociable. Defender la democracia no es abrir todas las puertas sin preguntar quién entra y qué representa. Es garantizar que el aula siga siendo un lugar de construcción intelectual, no de confusión moral. ¿Qué pensarán nuestros padres, aquellos que vivieron los años más duros de la violencia, al enterarse de que en la universidad de sus hijos se le abre las puertas a una exguerrillera de las FARC?
La universidad no puede convertirse en tarima para la impunidad. Debe seguir siendo conciencia crítica del país. Y la conciencia, cuando está despierta, no olvida.
