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El escándalo en desarrollo que inició con un posible abuso de autoridad por parte de la ex jefe de gabinete del presidente Petro y que hasta el momento en el que fue escrito este texto, va en la filtración de audios que comprometen la legalidad en la financiación de la campaña presidencial, debe resultar en un examen por parte del Congreso de Colombia.
El infame titular de un medio de comunicación extranjero que se refería a Colombia como un “Estado fallido”, hace algunas décadas, describía la incapacidad de las instituciones del Estado para ejercer autoridad en el territorio nacional, y también la ilegitimidad con la que se obtenía el poder político en Colombia. Los dolorosos recuerdos de la penetración de dineros del narcotráfico en una campaña presidencial se reviven con el gobierno del cambio, a raíz de los audios del ex embajador de Colombia en Venezuela.
Mientras escribía este artículo, revisaba Twitter para percibir el tono y las reacciones de los usuarios de esta red social durante la naciente tormenta. En medio de los desahogos en 140 caracteres, el presidente de la república escribió: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”. Esta es la reacción conocida hasta el momento por el principal involucrado ante una acusación que deja en jaque al gobierno y a todas sus iniciativas.
Es necesario que el presidente Petro entienda que, en medio de su desdén por las filtraciones que comprometen su mandato, sí hay intranquilidad por el estado de la democracia, la estabilidad política y la legitimidad de su gobierno. Lo mínimo que el presidente debe hacer es responder con claridad, como la dignidad de su cargo lo obliga.
En plena confusión y desarrollo de los hechos, es necesario acudir al artículo 178 de la Constitución Política de Colombia, referente a las atribuciones especiales de la Cámara de Representantes, que en su numeral 3 indica que esta corporación podrá acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación, al presidente de la República.
El congreso colombiano y en particular, la comisión mencionada, debe iniciar el análisis y debate sobre los audios del exembajador Benedetti, y un posible ingreso de dineros irregulares en la campaña del primer mandatario. En manos de los congresistas estará la revisión de estos hechos. Es necesario llegar al fondo de la verdad.
Es lamentable que la energía y concentración del ejecutivo deba ser destinada a defenderse de múltiples polémicas y acusaciones, cuando todo su empeño debería estar en gobernar y asegurar el desarrollo nacional. Ni lo uno ni lo otro. La promesa del cambio se ha diluido en polémicas, choques permanentes del presidente con otras ramas de poder, reformas cargadas de ideología y escándalos de orden ético y posiblemente legal, que han rodeado a la familia del jefe de Estado y a su círculo más cercano.
Será el Congreso de Colombia quien determine las acciones para hacer contrapeso y control efectivo a un gobierno con serios cuestionamientos de legitimidad. Un juicio político es necesario.
