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La protesta es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que protege la libertad de expresión, reunión y manifestación pública y pacífica. En esto estamos de acuerdo, con convicción además, contrario a lo que pretenden hacernos creer quienes apelan a narrativas peligrosas de división y confrontación.
Sin embargo, no todos parecen compartir una premisa básica de nuestro pacto constitucional: el derecho a la protesta no es absoluto. Como todos los derechos, llega hasta donde inicia el derecho del siguiente ciudadano. El derecho a la protesta tiene un deber compañero: respetar la integridad de las personas y los bienes públicos y privados. Exigir el ejercicio responsable de este derecho no nos convierte en tiranos ni en enemigos de la libertad. La paz y la seguridad son los pilares de la convivencia pacífica, condición indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Los colombianos debemos estar alertas a no ser instrumentalizados por quienes se benefician del conflicto, confunden el descontento con la destrucción y creen que el caos puede ser capital político.
Por eso, frente a recientes hechos vandálicos en Medellín, no puedo evitar preguntarme: ¿qué interés se esconde detrás de marchas que, usando como bandera a Palestina, incitan a la violencia contra empresas, asociaciones y personas? Es evidente la agenda. Ya la vivimos. Y la pregunta se impone: ¿vamos a permitir que repitan un plan que dejó muertos, heridos, pérdidas económicas y profundas heridas sociales?
Estas preguntas nos recuerdan una amenaza latente: la manipulación de la opinión pública mediante el miedo y la rabia. Como advierte Giuliano da Empoli en su libro Los ingenieros del caos, “el populismo del siglo XXI ya no se basa en la promesa de un futuro mejor, sino en la explotación del descontento presente”.
El libreto es el mismo: siembran caos, atacan personas y bienes, obligan a la fuerza pública a intervenir, gritan sobre abusos, apelan sin límite moral a palabras como “genocidio” y buscan deslegitimar la autoridad. Luego piden verificación internacional, invocan la historia dolorosa de Colombia, y utilizan la indignación como arma política. Todo, en temporada electoral.
Cuidar la democracia implica cambiar la conversación. El punto de encuentro debe ser el respeto por la vida y la seguridad. En ese terreno común podemos debatir, protestar y manifestarnos por causas que nos mueven. Defender el derecho a la manifestación pacífica y condenar el vandalismo no son posiciones opuestas: son esencia de una misma convicción democrática.
Por eso nuestra postura es clara e inamovible: rechazamos de manera categórica los actos de violencia contra miembros de la fuerza pública, funcionarios distritales, ciudadanos y establecimientos de comercio. Respaldamos el ejercicio de la autoridad local en cabeza del alcalde, quien tiene el mandato constitucional de actuar —dentro del respeto a los derechos humanos— para garantizar la seguridad, la vida y la integridad de los bienes públicos y privados.
En Antioquia estamos unidos por un propósito común: el desarrollo de nuestro territorio, de los antioqueños y del país. Unidos para proteger y rodear las instituciones, cuidar a las personas y defender los bienes públicos. Estamos todos unidos, sector público, privado, academia y sociedad civil, en lo que más nos apasiona: construir un futuro próspero, seguro y en paz.
Los colombianos somos superiores a la trampa, el caos y la desesperanza.
Se puede protestar. Se debe respetar.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
