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El presidente Petro ha querido utilizar la salud como una herramienta de lucha política antes que darle un manejo técnico, como ha sido la tradición en Colombia y en el mundo desarrollado desde que este sector se creó. Lo confirma su decisión de nombrar en esta cartera a una activista política antes que a un experto en el tema, y lo reafirma con su llamado permanente a sus trabajadores a salir a las calles a defender su proyecto político en salud.
Esta idea no es nueva ni suya. Nace del movimiento latinoamericano de medicina social en la década de 1970, cuando el mundo experimentó una de las peores crisis económicas que se recuerden, causada por el alza en los precios del petróleo y por la incapacidad de varios países para pagar su deuda externa. Integrado por académicos e investigadores en salud que se unieron a trabajadores, estudiantes y organizaciones populares que rechazaban el modelo económico implementado a partir de ese período, nombrado por ellos como desarrollismo neoliberal.
Definen la enfermedad como una construcción social que se origina en la forma como se organiza la “producción económica, la cultura, la marginalización y la participación política”. Los ciudadanos, divididos en clases sociales ocupan las estructuras de poder que les son asignadas, que son al final las que creen determinan una exposición diferencial a condiciones que favorecen o protegen de la enfermedad. Es decir, la enfermedad tiene un origen político en el modo capitalista de producción.
Pero la esencia del movimiento no es el análisis sino la praxis, que es descrita como la interrelación entre pensamiento y acción. Consideran que la única posibilidad de modificar las raíces de la enfermedad y la muerte temprana radica en tomarse el poder para cambiar las relaciones económicas y políticas hegemónicas que las producen, convirtiendo la salud en un arma más de lucha política.
Los cuestionamientos a esta ideología surgen por haberse inspirado en una coyuntura económica que afectó por igual al mundo socialista como alternativa al capitalismo. Este se derrumbó luego de esta crisis, en parte por ella, pero sobre todo por el descontento social ante la incapacidad de cumplir su promesa de bienestar, hecho que cuestiona su capacidad como opción para resolver los problemas sociales.
Criticable también querer convertir la salud, considerada por casi todas las sociedades como un derecho humano, en un instrumento de lucha por el poder. Esto supone erradamente que hay quienes la protegen y quienes no, dividiendo y enfrentando a los ciudadanos entre buenos y malos, desconociendo el carácter neutral de cualquier derecho humano, ajeno a ideologías o formas de gobierno y convirtiéndolo en un asunto de superioridad moral política. Igual de censurable, instrumentalizar a pacientes, instituciones, personal de salud y sus símbolos como piezas de este propósito.
La salud, como todos los derechos humanos fundamentales, debe permanecer ajena a las contiendas políticas. Prevenir y atender la enfermedad y evitar la muerte prematura no puede quedar supeditado a la ideología de quien gobierna, esto debe ser un propósito superior de la humanidad.
