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Y sucedió lo previsto. Se aprobó en desorden, sin consensos ni debate amplio, “de parche en parche” y con muchas dificultades en el trámite en primer debate, una reforma a la salud, aún con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, incluyendo los que supuestasmente no estaban de acuerdo. El resultado es un “Frankenstein” del que ni siquiera sabemos cuánto vale fiscalmente, pero eso sí sabemos que puede poner en serio riesgo la sostenibilidad de la atención en salud por politiquería, estatización y destrucción de capacidad de gestión de riesgo. Ojalá no sea este el ejemplo a seguir para el resto de la batería de reformas que vienen.
Viene ahora la laboral, una reforma en donde da la sensación que hay un mayor interés de diálogo y de consensos, pero donde sigue en evidencia un exceso de ideología detrás. Hemos llegado al extremo incluso de que la reforma laboral nunca ha tenido como objetivo central la generación de empleo formal. Como si este no fuese el almendrón de nuestra economía en el tema laboral, sin perjuicio del interés compartido de dignificar el trabajo en algunos sectores.
Algo más, algo menos, Colombia tiene 22,5 millones de ocupados, de los cuales 13 millones son informales y 9,5 son empleos formales. De estos últimos 1 millón son sindicalizados y fuera de lo anterior 2,8 millones de personas están desempleadas. Así las cosas, como está redactada la reforma laboral tiene beneficios significativos para el millón sindicalizado, pero en nada ayuda ni a los desempleados, ni a los informales (casi 16 millones de personas). Y al contrario puede seriamente perjudicarlos al incrementar el incentivo a la informalidad laboral y a no generar empleo, sin agregar aún las eventuales pérdidas por más desempleo formal que se estima en medio millón adicional. En síntesis, es esta una reforma laboral que perjudica al 67% de la población activa, eso sí siendo generoso en el pliego sindical.
Pero un impacto más delicado de la laboral está de cara a la reforma pensional. Las pensiones se logran con trabajo formal, pero cuando se elevan los costos o recargos de las jornadas o se inflexibilizan las contrataciones o desvinculaciones o no se es consciente de la forma como operan ciertos negocios en jornadas diversas, el riesgo como lo alerta Fedesarrollo es a “un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”.
A pesar de la evidencia del impacto positivo que tuvo la Ley 1607 de 2012 al reducir los costos no salariales y con ello mejorar en formalización (7 puntos porcentuales), en la reforma seguimos aumentando el costo laboral en casi un 20%, y alimentando la informalidad o el desempleo.
El riesgo no es sólo la destrucción de empleo formal que prevé el Banco de la República, o las alertas que han elevado mipymes y startups, sino que una mayor informalidad dificulta la sostenibilidad fiscal de la reforma pensional, que ya sabemos aún está en duda.
Coincidimos con la Ministra de Trabajo, la mejor reforma pensional es la laboral, pero claramente no es la actual reforma laboral.
*Rector Universidad EIA
