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Busqué contribuir a la paz durante 42 años mediante la victoria militar y, luego, 18 años con el mismo propósito de la paz mediante la victoria de la palabra. Ahora se nos presenta una nueva perspectiva, la cual he venido observando con ánimo constructivo y con la libertad de opinar para sumar y no para restar.
Lo primero para clarificar e insistir es que la paz es una construcción colectiva y por lo tanto una obligación de todos. Una historia centenaria de violencia no se resuelve en 4 años de buenos propósitos. Requiere el compromiso de la sociedad en un esfuerzo colosal, estructurado y de largo aliento, liderado por el conocimiento y el buen ejemplo. Requiere, como lo afirmaba en una columna pasada, construir un nuevo orden político que permita resolver los conflictos mediante métodos no violentos.
La Paz Total es una aspiración legítima que obedece a un mandato constitucional, que en nuestras circunstancias obliga respuestas acertadas previas a la definición de las estrategias necesarias para combatir los factores generadores de violencia. Es el cambio hacia una nueva ética pública, tan complejo como una nueva cosmovisión de sociedad.
Comencemos por algunas inquietudes: ¿cómo convencer a las economías ilegales para que cesen su accionar delictivo generador de violencias? ¿Cómo hacer para que los carteles del narcotráfico mexicano cancelen sus operaciones delictivas en el país? ¿Qué o cuánto se les puede dar a cambio? ¿Qué y cuánto a la minería ilegal y el crimen transnacional?
Y ¿cuáles serán los argumentos convincentes para que determinados contratistas de grandes proyectos y algunos funcionarios públicos (autoridades locales, ordenadores del gasto, miembros del poder legislativo), suspendan sus pingües negocios de los cuales se lucran indebidamente con miles de millones de pesos, amplían la mancha de corrupción, minimizan el efecto de los programas sociales y en ocasiones se asocian con grupos armados para consolidar su poder político?
La lista de inquietudes se ampliaría considerablemente si analizáramos el espectro completo de las violencias y sus causas, y los instrumentos diseñados en la nueva política. Ahora, toquemos solo uno de ellos: el Servicio Social para la Paz, contemplado en el capítulo III de la ley 2272 recientemente sancionada, en 11 modalidades como alternativas al servicio militar obligatorio.
Si entendemos que en el presente año el número total de jóvenes que se presentaron a cumplir con este deber cívico resultó un 30 % por debajo de los requerimientos de las Fuerzas Militares para atender los planes de seguridad y defensa, comprenderemos que las alternativas previstas disminuirán ostensiblemente las capacidades militares, poniendo en riesgo la disuasión, la protección y la defensa de la sociedad.
El colofón del tema es que para los fines de la paz no se pueden debilitar las Fuerzas Militares, como parece estar ocurriendo, y que Servicio Social para la Paz es una excelente idea, cuya gradualidad y progresividad en su aplicación deberá estar a cargo del Ministerio de Defensa, acorde con los requerimientos de la estrategia de seguridad y defensa nacionales
