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Hace muchos, muchos años, los piratas se mudaron de isla Tortuga al continente. Allí, desde la Cuba castrista, echaron raíces en Nicaragua y Venezuela, donde campan a sus anchas. Ya no queda nada que no contaminen y todas las instituciones, desde la prensa hasta las universidades, han quedado en sus garras. Y no las soltarán jamás a no ser que alguien se las devuelva a los ciudadanos con una revolución popular contra estas narcotiranías.
El penúltimo episodio en Nicaragua del clan Ortega ha sido el asalto a la Universidad Centroamericana (UCA), el prestigioso centro jesuita privado — en el que el propio Daniel Ortega estudió Derecho—, con el pretexto de que encubría “actividades terroristas”. La peregrina acusación proviene de la Fiscalía, que opera al dictado de los Ortega, y que ya tenía a la UCA en el punto de mira del régimen, por ser uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Todo muy democrático. Silenciar, perseguir, encarcelar, expulsar y, llegado el caso, liquidar a todos aquellos que incomodan o se atreven a protestar.
Tres cuartos de lo mismo ocurre ahora en Venezuela, donde un criminal llamado Tarek William Saab dirige la Fiscalía como Himmler las SS. Saab está, de hecho, más preocupado en perseguir al exalcalde metropolitano de Caracas, el dirigente opositor Antonio Ledezma, quien se encuentra exiliado en Madrid, con vagas acusaciones de traición a la patria, que de perseguir a todas las turbas chavistas que no dejan de agredir y amenazar a los escasos precandidatos presidenciales del antichavismo, así como a militantes y activistas.
“Los hechos de violencia, violaciones flagrantes a los derechos humanos, los derechos políticos de los candidatos de las primarias, de los ciudadanos que apoyan la primaria, de los dirigentes políticos (...) son una política de Estado que está avalada y dirigida desde Miraflores y las altas dirigencias del PSUV”, dijo Simón Calzadilla, miembro de la dirección de la plataforma que agrupa a la oposición democrática que, como se figuran, acabaría en el exilio o muerta si tuviera una mínima opción de victoria, aunque en Venezuela hace decenios que las elecciones están amañadas.
Pero, por si acaso, tanto Henrique Capriles, como Delsa Solórzano, María Corina Machado o Freddy Superlano están en el punto de mira del chavismo, no vaya a ser que se obre el milagro.
Mientras, en estas cuevas de Alí Babá americanas, los nicaragüenses y venezolanos tienen cada día más difícil la supervivencia. De hecho, una familia venezolana de cinco personas necesita nada menos que 118 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar, cuyo valor en julio fue de 502 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Mientras el salario mínimo está establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares mensuales -unos 4,25 dólares-, una familia necesita 16,74 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada con los precios de 60 productos. La inflación oficial “solo” está en el 121% hasta julio. El paraíso.
