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Alberto Velásquez Martínez
Columnista

Alberto Velásquez Martínez

Publicado el 15 de enero de 2020

Las desigualdades

Este año comienza nuevamente con la presencia de reincidentes problemas nacionales, cuales son la corrupción –estimulada por el comercio de las drogas y la minería ilegal– y la inequidad social. Estigmas que en vez de aminorarse se han ido represando con el tiempo y al paso de comportamientos públicos laxos y tolerantes. La ausencia de un Estado eficaz, con hojas de ruta éticas y sociales a largo plazo –políticas de Estado–, han facilitado la presencia en la sociedad colombiana de estos jinetes apocalípticos.

Estas lacras no han brotado por generación espontánea. Ni están a cargo de la contabilidad del gobierno Duque. Como en Fuente Ovejuna, todos a una mataron, no ya al comendador, sino la credibilidad y la justicia. Como lo sostiene el economista Thomas Piketty, si bien “muchos gobiernos no han estado a la altura en materia de eficiencia en el funcionamiento del Estado social”, en Colombia sí que hemos visto esos descuidos y omisiones a pesar de que nuestra Constitución proclama pomposamente la adopción desde 1991, del “Estado social de derecho”.

¿Está Colombia atravesando una crisis de sociedad, planteada por tantos desafíos y problemas del pasado no resueltos durante décadas? Creemos que sí. Pocos creen en la eficacia de la justicia, en el Congreso, en los partidos políticos, en la prensa, en los gremios, en los sindicatos, en los maestros, lo que agudiza el pesimismo colectivo. Se percibe una sociedad agotada, que muestra cansancio y hartera observando un Estado que no ha sincronizado los poderes públicos para el servicio y la confianza de la comunidad. Que no ha logrado solucionar los problemas básicos que más tocan el pelaje y el bolsillo de la comunidad colombiana. Un Estado que viene siendo doblegado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad. La visión de país no puede ser más alucinante.

Escribir de corrupción es llover sobre mojado. Se ha vuelto tema repetitivo y lugar común en toda clase de conversaciones, de columnas de opinión, de debates en foros públicos y privados. Ella sigue actuando, moviéndose a sus anchas como actor principal en el drama colombiano. Y por ello –como lo recordaba el exministro Armando Estrada– al finalizar el año 2019, Transparencia Internacional le daba un puntaje al país de 37, donde cero puntos es excesivamente corrupto y 100 muy transparente. Colombia sigue superando el promedio mundial de corrupción que es de 43. Todas las encuestas coinciden en que la corrupción es considerada como el gran problema nacional.

La corrupción no solo ha arruinado buena parte de la vida nacional al sacarle dineros a los presupuestos oficiales nacionales, regionales y locales destinados a salud, vivienda, educación, recreación de los colombianos, sino que gobiernos pasados la habían incorporado irresponsablemente a sus acciones políticas. La disfrazaban, para someter a los Congresos y volverlos sumisos, de cupos indicativos. El gran campeón en los últimos cuatrienios presidenciales fue el pasado, que según informe de la Contraloría General, untó generosamente al Congreso de la República con 37 billones de pesos para conseguir mayorías parlamentarias sumisas.

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