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Por Mauricio Arango Gaviria
El Columnista Carlos Alberto Giraldo se quedó corto cuando hizo referencia, en su artículo del pasado 17 de junio, a ciertas desacertadas decisiones del Dr. Aníbal Gaviria, pues aun cuando hay más de las comentadas por el Sr. Girado, quisiera referirme a una que no califica todavía como parte de lo que los antioqueños olvidaron por su amnesia: las Obligaciones Urbanísticas.
Mediante el Decreto 1152 del 2015, firmado por el Dr. Aníbal, el Municipio pretende cobrar a las personas naturales y jurídicas que tuvieron una licencia de construcción desde el año 2006, el valor de algo denominado Obligaciones Urbanísticas. Por ejemplo, si una persona hizo una reforma de su vivienda en el año 2009, hoy lo están llamando a La Alpujarra para que se notifique del cobro de 30, 40 o 50 millones de pesos por las obligaciones urbanísticas correspondientes a la obra. Imagínense el efecto para un constructor que construyó un edificio y ya vendió los apartamentos, sin tener en cuenta este costo oculto. El Municipio ha blindado este abusivo cobro, por lo retroactivo y por lo oneroso, que contra la notificación del mismo no procede ninguno de los recursos previstos en las leyes colombianas. Valdría la pena una investigación sobre este asunto.
