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A Antioquia la vienen golpeando diversas plagas. Unas por obra de la naturaleza en complicidad con el protagonismo irresponsable del hombre. Otras por la ejecución intrépida de elementos criminales en una sociedad desamparada. Alguna por simples errores causados por la ingenuidad y el desconocimiento de las reglas del mercado financiero. Unas más que otras, agobian la capacidad de resistencia de un pueblo que vivió noches siniestras en la época de la violencia de los carteles de la droga.
La pandemia no da tregua. Ola sobre ola ahoga su resistencia. Las muertes diarias superan a las de Bogotá, ciudad con el doble de los habitantes de Antioquia. Escasean las camas de las unidades de cuidados intensivos, se agotan los médicos intensivistas y los centros hospitalarios están al borde del colapso.
Pero no solo la pandemia agobia sino que asustan las altas cifras de concentración de casos de asesinatos a líderes sociales. Cinco organizaciones de reconocida idoneidad muestran a Antioquia encabezando la lista de asesinatos en el país. Regiones como Urabá, el Nordeste y el bajo Cauca, son las de mayor conflicto en donde el asesinato se volvió rutina y la ausencia del Estado es más notoria. En esas zonas la violación de los derechos humanos es una práctica siniestra de los distintos grupos armados que después de la paz habanera se avivaron y crecen como maleza en campos abandonados.
Pero la cosa no termina allí. Sigue el rosario de lacras sobre la piel antioqueña. En un documento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Antioquia encabeza la lista de desapariciones forzadas con 3.500 casos de los 18 mil detectados por esa controvertida jurisdicción. Delitos de lesa humanidad que conmueven no solo al país sino al mundo civilizado. Supera a cualquier otra región colombiana en donde se practica tan abominable modalidad de delito con el sello imborrable de las Farc. Ese informe estaba engavetado posiblemente para que los nuevos líderes de las extremas no se inquietaran con otra condena más de las que ya ha recibido el país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y por último, de sobremesa, se abre una investigación contra el exgobernador Sergio Fajardo, el único candidato a quien la última encuesta de Invamer reviste con capacidad de derrotar en una segunda vuelta a Gustavo Petro. Se le acusa a Fajardo, no por malicia perversa en la conversión de una deuda externa en pesos por dólares, sino por imprudencia de no haberle dado cobertura que la amparara del riesgo de un mayor costo originado en una devaluación del peso frente al dólar. Seguimos considerando a Fajardo un hombre honrado y respetable en el manejo de los bienes públicos. Confiamos en la Fiscalía y esperamos que actúe en derecho, para que el nombre de Sergio Fajardo pueda superar ante la ley la difícil encrucijada.
Así que los jinetes apocalípticos se desbocan por tierra paisa. Región que hoy no está bien gobernada a pesar de las buenas intenciones de un gobernador encargado que cumple decoroso papel hasta donde puede en su prolongada interinidad, y un alcalde provocador que poco oye las voces sensatas de la región
