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El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la tierra tembló con una fuerza que Colombia no sentía hacía décadas. Un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó tras de sí cientos de muertos, miles de heridos y ciudades enteras —Pereira, Cali, Manizales, Quibdó, Armenia— con edificios colapsados y familias bajo los escombros. Las cifras oficiales de la Ungrd siguen actualizándose a diario, y cada número representa una historia rota: un padre, una madre, un niño que no volverá a casa. A ellos, a los rescatistas que llevan días excavando entre concreto y a quienes lo perdieron todo, va dedicada esta columna.
Lo primero que hay que decir es lo obvio: duele. Duelen los testimonios, duelen las imágenes de Pereira y Cali, duele saber que varios municipios sobrevivieron los primeros días prácticamente solos, sostenidos por sus propias redes comunitarias mientras la ayuda institucional llegaba. Pero en medio del dolor, Colombia también mostró algo que merece ser nombrado: la fuerza de su tejido social.
El terremoto ocurrió apenas tres días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de una transición inusualmente accidentada, sin empalme y con funcionarios clave aún sin nombrar en propiedad. Y sin embargo, donde el Estado llegaba tarde o a medias, llegaron primero los vecinos, las juntas de acción comunal, las fundaciones locales, los bomberos voluntarios. Ese es el capital social del que tanto hablamos en la academia y que esta semana se hizo carne: la capacidad de una sociedad de organizarse cuando las instituciones no alcanzan.
Ha sido conmovedor ver la respuesta que vino después: gremios empresariales aportando cientos de miles de millones de pesos, la banca multilateral —Banco Mundial, CAF— movilizando recursos técnicos y humanitarios, más de una decena de países ofreciendo ayuda, artistas y deportistas de todas las orillas ideológicas sumándose sin cálculo político. Ver a Atlético Nacional y Once Caldas jugando un partido benéfico, o a Shakira anunciando la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y de diez colegios, dice algo sobre lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de mirarnos como enemigos.
Ahora bien: la solidaridad no puede ser solo el impulso de un momento. Con la magnitud de recursos que se han anunciado —cifras que ya suman billones de pesos entre lo público, lo privado y la cooperación internacional—, es indispensable que se constituya un fondo de reconstrucción con gobierno corporativo real: una junta independiente, auditorías periódicas, indicadores públicos y verificables, y mecanismos para que cualquier ciudadano pueda rastrear en qué barrio se levanta cada vivienda y a qué precio. La transparencia no es un capricho; es lo único que puede evitar que la tragedia de miles se convierta en el negocio de unos pocos.
Colombia ha demostrado, una vez más, que su verdadera infraestructura no siempre está en el gobierno, sino en su gente. Esa es la lección que no podemos dejar enterrada bajo los escombros: que la solidaridad se sostenga, que la reconstrucción se materialice, y que el optimismo que hoy sentimos se traduzca en un país que se levanta mejor de como estaba.
