Por Laura Gallego Moscoso*
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En el índice de competitividad de ciudades publicado recientemente por el Consejo Privado de Competitividad, el Área Metropolitana de Medellín ocupó nuevamente la segunda posición, con los mejores resultados en materia de innovación, infraestructura y equipamientos, así como en entorno para hacer negocios y en tamaño del mercado. En contraste, los pilares con mayores desafíos fueron la educación y la sostenibilidad ambiental. Ahí se concentran los mayores esfuerzos y las rutas de acción en las que tenemos que trabajar como región por ser los factores que inhiben la competitividad y, al tiempo, repercuten en los indicadores sociales estructurales.
En el caso de la educación, los retos en términos de cobertura y calidad demandan concentrar nuestros esfuerzos en el logro de trayectorias educativas completas. Así mismo, avanzar en la consolidación de mejores ambientes de aprendizaje y acompañar el desarrollo de programas de formación docente e interacción en las aulas en función del mejoramiento del clima escolar no es un tema menor. Hacer de la escuela un espacio incluyente que promueva la diversidad y propicie la permanencia, el gozo y el disfrute en los procesos formativos.
En sostenibilidad ambiental, el deterioro de los activos naturales y una mejor gestión del riesgo ambiental sigue siendo una tarea pendiente. Por ello, y entre muchas otras acciones, es preciso acelerar la implementación del plan de renovación vehicular de camiones, volquetas y busetas como principales responsables de las emisiones de fuentes móviles del Valle de Aburrá y, simultáneamente, incentivar la adopción de medios de transporte sostenibles, agilizar la restauración del arbolado urbano para revertir el efecto islas de calor y crear consciencia en los ciudadanos sobre la importancia de elecciones sostenibles en sus hábitos de movilidad y consumo.
Un último rezago del Área Metropolitana que incide en la competitividad, y que es preocupante, se centra en el factor de transparencia y contratación pública. Allí ocupamos el lugar 24 entre 32 ciudades, asociado a la alta tasa de convenios interadministrativos y procesos de contratación directa que han reducido la cantidad de información disponible para evaluar y controlar las eficiencias en los procesos de suministro de bienes y servicios. Además, las condiciones habilitantes de instituciones de seguridad y justicia son otro reto que requiere la construcción rigurosa de problemas públicos, la implementación de instrumentos de política pública metropolitana y la evaluación de las intervenciones en el marco de la gobernanza colaborativa.
Finalmente, llama la atención y sugiere reforzar nuestro trabajo en el desempeño del factor conectividad, fortaleciendo la inversión en un transporte intraurbano eficiente, el desarrollo de centros logísticos y la gestión del diseño urbano adecuada para ello; y en el factor de mercado laboral, trabajar en alianza entre empresas, instituciones educativas y de formación terciaria y el sector público para cerrar las brechas estructurales de empleabilidad que han afectado especialmente a jóvenes y mujeres. En este punto particular se han adelantado iniciativas y procesos con el liderazgo de las Cajas de Compensación y las empresas que hoy son referentes en el país.
Aunque el Área Metropolitana se mantiene en el segundo lugar del índice, son reiterativos año a año los mismos retos que nos pasan cuenta de cobro para el avance en la competitividad. Es imperativo que vinculemos estos desafíos y las acciones público-privadas que se requieren para superarlos a los instrumentos y rutas de acción de múltiples actores que ya vienen gestándose en la lógica de la competitividad; y que nos involucremos más contundentemente en metas concretas. Los avances en la competitividad de la ciudad y la región metropolitana tienen la educación y la sostenibilidad ambiental los principales diferenciales y pendientes en el mediano plazo
* Vicepresidenta ejecutia
de Proantioquia.
