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Veinte años atrás, un reconocido miembro de nuestra clase política tradicional, presentó su candidatura con el propósito de que el Consejo de Estado lo eligiera para ocupar una vacante en la corporación. Para efectos de reforzar su aspiración, presentó una certificación que lo acreditaba como miembro activo de un partido político. En aquel entonces, eso bastó para ser descalificado, no solo para ese proceso electoral, sino para los demás que se desarrollaron posteriormente. De hecho, el mencionado profesional nunca alcanzó el estatus de magistrado del Consejo de Estado.
No puede negarse que en más de una ocasión algunos miembros de una alta corte hayan tenido especial consideración con respecto a un candidato que hiciera parte activa de la actividad política, pero el fenómeno se daba en forma aislada, sin injerencia del ejecutivo y sin convertirse en el factor principal para impulsar y adelantar la elección de un magistrado.
Lo que acaba de suceder en el proceso para la escogencia de un magistrado para la Corte Constitucional, constituye un preocupante precedente, pues el presidente de la República de manera abierta y pública, orientó todo su poder de influencia y persuasión para buscar la elección de una persona, señalada por el propio mandatario, como afín a su pensamiento e ideología. La “maquinaria” del gobierno, con ministros a la cabeza, se movió con fuerza y decisión para buscar la elección de una de las candidatas incluida en la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia a consideración del Senado.
Una vez producida la elección, que recayó en persona diferente a la impulsada por el jefe de Estado, este no tuvo ningún reato en reclamar airadamente a sus funcionarios y a los miembros de la coalición de gobierno, por no haber logrado la anhelada elección, no obstante, el arduo trabajo de persuasión realizado al interior de Senado. Incluso, como resultado del fracaso, se produjo una crisis ministerial y la salida de varios ministros.
Lo sucedido permite algunas reflexiones, dignas de evaluación: (i) La institucionalidad y la democracia salieron triunfantes, el gobierno no pudo doblegar al Senado, que no obstante la presión ejercida por el ejecutivo, terminó eligiendo a quien le pareció ser el mejor. (ii) Sin embargo, y de manera contradictoria, hay que afirmar que la justicia quedó maltrecha, porque, aunque desde un principio se sabía que había una candidata señalada por el presidente de la República, no por ser gran jurista sino por afinidad ideológica y política, la Corte Suprema debió haber actuado como el Consejo hace 20 años y haberse abstenido de incluir ese nombre en la terna.
Aunque la forma como actuó el Senado de la República, garantiza la estabilidad de las instituciones, el respeto por el equilibrio de poderes y la defensa del Estado Social de Derecho, es posible que se tome como un simple triunfo de la oposición, dentro de un juego de poder que puede llevar a una indebida politización de la justicia.
