Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Los problemas de la salud en Colombia obligan a repensar si el actual modelo de seguros de salud es el mejor, o si por el contrario lo es el de asistencia pública que propone el actual gobierno. En el primero cada ciudadano es titular de un recurso per cápita que financia un conjunto integral de servicios, mientras que en el segundo ese monto está en cabeza de los prestadores de servicios con lo que sufragan su operación.
En teoría no se podría afirmar cuál de los dos esquemas es superior, pero al analizar los contextos en los que se aplican si marcan diferencias notables. En Colombia coexistieron ambos modelos entre 1945 y 1993, el primero representado por el Instituto de los Seguros Sociales -ISS- y el segundo por el Ministerio de Salud -MS-. En 1983 el ISS cubría al 18% de la población colombiana y el MS al 82% restante, año en el que el ISS tenía un presupuesto por afiliado 7,4 veces mayor al del MS y poseía una infraestructura propia de 1,4 camas por cada mil afiliados, mientras que en el MS era de 1,2.
Lo anterior evidenciaba que estar afiliado al ISS implicaba una protección financiera con una mayor posibilidad de acceder a los servicios. Esto a diferencia del esquema de asistencia pública donde el derecho a los recursos de salud era de los prestadores y no de las personas, prerrogativa que se agotaba en las extensas filas para acceder al servicio que finalmente llevaba a que las personas los tuviesen que pagarlos de sus bolsillos. Para esa época 6 de cada 10 pesos con los que se financiaba la salud en Colombia provenía de esta fuente que es la forma más inequitativa de hacerlo.
Estar afiliado al seguro no implica automáticamente acceso a los servicios, pero sí asegura su financiación. Por eso se utiliza como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- adoptados por las Naciones Unidas, meta que significa que todos los individuos deberían poder acceder a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades económicas al pagarlos de su propio bolsillo. Esto quiere decir que el porcentaje de afiliación al seguro de salud guarda una estrecha relación con la reducción de las barreras de acceso a los servicios.
¿Serían entonces las diferencias entre el modelo de seguros y el de asistencia pública en Colombia un simple problema de financiación? En mi opinión, no. En el primero hay una mejor concreción del derecho fundamental a la salud donde el Estado se obliga a asignar unos recursos explícitos y suficientes para cubrir un conjunto de prestaciones también explicitas e integrales. Esto sugiere que un esquema de seguros de salud es superior a uno de asistencia pública en los campos financiero, administrativo y de acceso a servicios porque actúa como un puente institucional entre la población y la prestación de servicios, algo inexistente en la asistencia pública. El cambio debe ser para avanzar, no para retroceder.
