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El presente gobierno sostiene que la causa fundamental de la debacle en salud es la corrupción, y no la falta de recursos. Con ello justifican una postura radical contra el sector privado, particularmente con las Entidades Promotoras de Salud señalándolas de apropiarse masivamente de los dineros del sistema. Plantean como solución su eliminación, trasladando la administración de los recursos a entidades públicas bajo la ingenua suposición de que así acabarían con este mal.
Sin embargo, resulta pertinente preguntarse qué tan cierto es este singular diagnóstico y cuál sería realmente el monto de recursos que se pierden por corrupción. Más allá de contabilizar denuncias, funcionarios vinculados o sumas cuestionadas, la pregunta clave debería ser: ¿cuánto de cada peso invertido en salud cumple con su propósito de financiar los servicios que los ciudadanos requieren?
En Colombia, de cada $100 destinados a salud, $84 llegan directamente a los prestadores de servicios y solo $16 son asumidos de manera directa por los usuarios. Esto sugiere que, aunque podría existir corrupción, no podría afirmarse que las EPS desvíen la mayor parte de los recursos, porque de serlo así, los ciudadanos estarían cubriendo de su bolsillo montos mucho mayores.
Bajo el anterior razonamiento, una prueba de lo endeble del razonamiento de la corrupción como el principal problema del sector, es comparar el gasto de bolsillo con países como Chile y Costa Rica, referentes de la región, en el primero 33 % y en el segundo 22 %. Bajo la ilógica postura del gobierno, cabría entonces pensar que en Chile la “corrupción” sería el doble que en Colombia y en Costa Rica un 37 % superior, sin que exista evidencia que lo sustente.
Además, a Colombia le rinde mucho más la plata en lograr resultados similares que en estos dos países, una evidencia más de lo frágil del razonamiento de la corrupción. Lo demuestra el gasto per cápita en 2019: Chile $2.182 dólares, Costa Rica $1.285 y Colombia $960. Es decir, hacemos lo mismo con mucha menos plata, prueba de que no se la roban o al menos en una menor proporción.
No se trata de negar la existencia de la corrupción en salud, como en cualquier sistema complejo hay irregularidades que deben ser sancionadas. No obstante, su tamaño no alcanza a explicar el actual desfinanciamiento en Colombia. El verdadero problema radica en el bajo gasto público agravado en los últimos años por decisiones del mismo gobierno, que ha limitado el acceso a servicios, impedido mejorar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad del modelo.
No hay que seguir “buscando el ahogado aguas arriba”; insistir en la corrupción como causa principal de la crisis carece de soporte empírico y distrae la atención sobre su verdadero responsable: el gobierno. Colombia requiere un debate serio sobre cómo aumentar la inversión, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y fortalecer los mecanismos de control. Solo así será posible avanzar hacia un sistema de salud sostenible, equitativo y de calidad.
