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La decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de convertir a Nueva EPS en una entidad completamente pública, mediante la adquisición del 49 % restante hoy en manos de las cajas de compensación familiar, plantea interrogantes que trascienden el debate coyuntural sobre propiedad accionaria. El asunto no se agota en la discusión fiscal ni en la evocación de experiencias fallidas del pasado. Se trata, más bien, de examinar si una modificación en la estructura formal de propiedad resuelve los problemas estructurales del sistema de salud colombiano o si, por el contrario, introduce nuevos riesgos institucionales.
En primer lugar, conviene analizar la racionalidad económica de la operación. El Estado ya posee el 51 % de Nueva EPS y ejerce control decisorio sobre su orientación estratégica. La adquisición del 49 % restante no incrementa sustancialmente el control, pero sí supone un desembolso relevante en un contexto de restricción presupuestal severa. En medio de una coyuntura de déficit fiscal, crecimiento de la deuda pública y presiones sobre el gasto social, destinar recursos a una operación patrimonial cuya utilidad marginal es discutible exige una justificación técnica rigurosa que hasta ahora no ha sido claramente expuesta.
En segundo lugar, la estatización plena puede generar efectos adversos sobre la disciplina institucional. La coexistencia de capital público y privado, aunque imperfecta, introduce incentivos de control cruzado y mecanismos de supervisión adicionales. La salida de los socios privados podría reducir contrapesos internos y concentrar decisiones en una única lógica política. La literatura sobre empresas públicas advierte que, cuando no existen salvaguardas robustas de gobernanza, la concentración estatal puede facilitar interferencias partidistas, rotación gerencial excesiva y uso instrumental de la entidad para fines ajenos a su misión técnica.
Un tercer argumento se relaciona con la señal institucional que esta decisión envía al entorno económico. En un sistema que descansa en esquemas mixtos de aseguramiento, una innecesaria expansión de la propiedad estatal en un actor relevante puede interpretarse como un movimiento hacia mayor centralización y menor pluralidad organizativa. Ello podría afectar expectativas de inversión y profundizar incertidumbre regulatoria en un sector ya sometido a tensiones financieras.
Adicionalmente, el problema central del sistema no radica exclusivamente en la naturaleza jurídica de las EPS, sino en fallas estructurales de financiación, flujo de recursos, auditoría y control de calidad. Transformar la propiedad sin reformar simultáneamente estos mecanismos puede generar un cambio formal sin impacto sustantivo en la prestación de servicios. La experiencia comparada muestra que la propiedad estatal no garantiza eficiencia ni probidad; lo determinante es la arquitectura de gobernanza, los incentivos y la transparencia.
Finalmente, la discusión debería centrarse en prioridades estratégicas. En un contexto de limitaciones fiscales, el principio de asignación eficiente del gasto público sugiere que los recursos disponibles deberían orientarse a fortalecer redes hospitalarias, mejorar sistemas de información y asegurar continuidad en la atención, antes que a reconfiguraciones patrimoniales cuyo impacto operativo es incierto. La pregunta no es si el Estado puede ser propietario, sino si esta intervención maximiza bienestar en el momento actual.
La estatización total de Nueva EPS requiere un debate técnico desapasionado. Más que un gesto simbólico de control público, la sostenibilidad del sistema depende de reformas estructurales en gobernanza, financiamiento y gestión. Sin ellas, la modificación accionaria corre el riesgo de convertirse en una decisión de alto costo fiscal y baja eficacia institucional.
