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Cada vez que se hacen evidentes los malos resultados del Gobierno en materia de salud, el presidente Gustavo Petro recurre al mismo libreto: amenazar con la liquidación de las EPS. Lejos de ser una propuesta seria de política pública, esta reiteración funciona como mecanismo de evasión política frente a una responsabilidad que hoy es única e intransferible. La crisis sin precedentes que atraviesa el sistema de salud colombiano no es heredada ni coyuntural. Es el resultado directo de decisiones, omisiones y errores del actual Gobierno.
El deterioro del sistema no admite discusión. La escasez de medicamentos, el colapso de la red pública, el aumento de tutelas, la mora en pagos y la parálisis financiera de hospitales y clínicas configuran una situación que no se veía desde la crisis del Seguro Social hace más de cincuenta años. Sin embargo, en lugar de asumir el liderazgo que exige una coyuntura de esta magnitud, el presidente opta por señalar un enemigo funcional y reiterar una amenaza que no tiene viabilidad técnica, jurídica ni operativa.
Liquidar las EPS, especialmente aquellas que hoy están bajo control del propio Gobierno y que afilian cerca de la mitad de los colombianos, no es una solución. Es una irresponsabilidad mayúscula. Estas entidades están virtualmente quebradas, asfixiadas por decisiones administrativas erráticas, clientelismo y por un clima de incertidumbre regulatoria que el mismo Ejecutivo ha promovido. Forzar su liquidación sin un plan de reemplazo inmediato y funcional no resolvería la crisis. La agravaría.
Más grave aún es la ausencia total de un modelo alternativo listo para operar. No existe una arquitectura institucional definida, no hay capacidad instalada preparada para absorber millones de afiliados de un día para otro, ni se han asegurado los flujos financieros necesarios para garantizar continuidad en la atención. Liquidar por liquidar no es gobernar, es improvisar con la salud y la vida de millones de personas.
A esto se suma un hecho incontestable: al Gobierno le restan apenas seis meses. En ese lapso es materialmente imposible adelantar una transformación estructural del sistema de salud, incluso si existiera un diseño serio, consensuado y técnicamente robusto, que no lo hay. Pretender lo contrario es una ficción política que solo busca ganar tiempo y desplazar el debate público del balance real de gestión.
El resultado previsible de insistir en esta amenaza es el caos. Más interrupciones en tratamientos, mayor congestión en urgencias, quiebras hospitalarias aceleradas y, de manera inevitable, muertes por desatención. No se trata de una advertencia alarmista. Es la consecuencia lógica de desorganizar un sistema complejo sin red de contención.
En salud, el poder no puede ejercerse a punta de consignas ni de amenazas. Gobernar implica asumir responsabilidades, corregir errores y proteger a los más vulnerables. Liquidar las EPS como cortina de humo no solo evade esa obligación. Pone en riesgo directo la vida de los pacientes y profundiza una crisis que ya es, sin lugar a dudas, la más grave en medio siglo.
