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Durante décadas, Suecia fue presentada como uno de los grandes símbolos del Estado de bienestar moderno, con altos impuestos, fuerte presencia estatal y servicios públicos universales administrados casi exclusivamente por el gobierno. Hoy ese paradigma cambia de manera profunda y silenciosa. El caso sueco demuestra que los modelos más robustos de salud pública están reconociendo que la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa requieren abrir espacio al sector privado.
La discusión resulta relevante en un contexto global donde los sistemas de salud enfrentan presiones crecientes por envejecimiento poblacional, aumento de enfermedades crónicas, escasez de talento humano y costos tecnológicos más altos. Suecia entendió algo que muchos ideólogos de izquierda todavía se resisten a aceptar, de que defender la universalidad del sistema no necesariamente implica que el Estado tenga que operar directamente todos los servicios.
Las cifras reflejan ese cambio. Casi la mitad de clínicas de atención primaria suecas son privadas y uno de cada tres colegios públicos es operado por gestores privados. Paralelamente, el gasto social público cayó hasta representar 23,7% del PIB, nivel inferior al de Francia (31,6 %), Italia (30,1 %) o Alemania (26,7 %), e incluso muy cercano al de Estados Unidos (22,7 %).
En salud, el hospital St. Göran, en Estocolmo, se ha convertido en un símbolo de esta transformación. Aunque es financiado públicamente, es administrado por un operador privado que incorpora inteligencia artificial, sistemas digitales y modelos de gestión para mejorar la productividad y resultados clínicos. Ha reducido listas de espera y costos operativos, logrando tratar ciertas patologías entre 15% y 20% más barato que hospitales estatales comparables. Además, el crecimiento del gasto sanitario per cápita en Suecia fue de apenas 1% anual promedio entre 2014 y 2024, aproximadamente la mitad del ritmo registrado en Reino Unido y un tercio del observado en EE.UU. Esto explica por qué muchos economistas consideran que el modelo sueco logró algo poco común al mantener cobertura universal mientras mejoraba la sostenibilidad fiscal.
El modelo también evidencia riesgos. La competencia privada incentiva concentración de servicios en zonas urbanas rentables y deja mayores cargas al sistema público en áreas pobres o rurales. La desigualdad ha aumentado y el debate sobre educación y salud con ánimo de lucro divide cada vez más a la sociedad sueca.
Ahí está la lección del caso sueco, de que ni el estatismo absoluto ni la privatización indiscriminada parecen soluciones suficientes por sí solas. El desafío consiste en construir sistemas híbridos donde el Estado garantice acceso universal, regulación y control, mientras operadores privados aportan innovación, agilidad y eficiencia. Suecia no abandonó el bienestar social; acepta que, para preservarlo, necesitaba hacerlo financieramente sostenible, en lo que la iniciativa privada podía aportar soluciones. Y esa discusión, tarde o temprano, terminará llegando al resto del mundo, ojalá a Colombia donde algunos insisten en estatizar el sistema de salud poniendo como ejemplo un país que entendió que ese no era el mejor camino.
