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El lumpen es un grupo social que atenta contra la seguridad de los individuos y las colectividades, bajo un ánimo rapaz y delincuencial. No es una clase económica, ni un estrato social, ni una profesión determinada. Es una forma de conducta: la disposición permanente a vivir del despojo, la intimidación, el engaño, la extorsión o la captura de rentas ajenas.
Es falso que el lumpen esté integrado solamente por delincuentes de baja condición. Hay lúmpenes en todas las clases sociales y en todos los oficios y actividades económicas. Hay lúmpenes pobres, ricos y de clase media. Los hay abogados, médicos, periodistas, maestros, artesanos, obreros, banqueros, comerciantes, empresarios, curas, economistas y políticos. Lo que los define no es su posición social, sino su relación con la propiedad, la libertad y la vida de los demás.
Normalmente, los lúmpenes se expresan, gremial y políticamente, como parte del sector social o laboral al que pertenecen. Mientras estén atomizados pueden hacer daño, pero no llegan a ser una amenaza existencial para una sociedad basada en los derechos de propiedad individuales y su intercambio libre y voluntario. El ladrón aislado roba; el extorsionista aislado intimida; el burócrata corrupto desvía recursos. Todos deben ser contenidos por el gobierno, que finalmente se instituye para que su existencia no perturbe en demasía el curso de la vida económica.
Pero la sociedad libre está en riesgo extremo cuando los lúmpenes de todas las procedencias superan sus demás diferencias y se conforman como fuerza política y social. Y la tragedia sobreviene cuando los lúmpenes llegan al poder. La rapacidad deja de presentarse como delito y empieza a presentarse como causa moral. Ya no se roba: se redistribuye. Ya no se intimida: se defiende al pueblo. Ya no se ataca la propiedad: se corrigen desigualdades.
Poco a poco la rapacidad se extiende a la mayoría de la sociedad. La ética del quid pro quo, del reconocimiento mutuo de los derechos de propiedad, se torna ruinosa. El ciudadano descubre que cumplir la ley no lo protege, que producir riqueza lo convierte en sospechoso, que disentir lo expone y que no pertenecer a la facción dominante lo deja en inferioridad.
La rapacidad como conducta económica dominante entraña una contradicción: para que los rapaces puedan ser exitosos debe haber una economía próspera que pueda ser pillada. Sin embargo, el pillaje destruye poco a poco la economía de la que viven los rapaces. Los extorsionistas no pueden subsistir sin extorsionados. El político clientelista no puede repartir subsidios si antes nadie produjo la riqueza que los financia. El burócrata rapaz no puede saquear un presupuesto que ya no se recauda.
Cuando la rapacidad está dispersa, la sociedad puede combatirla con instituciones. Cuando se organiza, debe combatirla con política. Cuando llega al gobierno, solo puede contenerla con contrapesos, legalidad y coraje civil. Lo que está en juego no es una diferencia ordinaria entre programas de gobierno. Es la preservación de una sociedad fundada en la propiedad individual, el intercambio libre, la responsabilidad personal, la igualdad ante la ley y la limitación del poder.
