Pico y Placa Medellín
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Mientras Colombia conmemoraba el Día Nacional de las Víctimas, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí ocurría una escena que retrata mejor que cualquier discurso el deterioro del Estado.
Capos de estructuras criminales de Medellín, privados de la libertad, celebraban una parranda con música en vivo del cantante vallenato Nelson Velásquez. Risas, privilegios, control del espacio. No parecían hombres pagando condenas, sino jefes ejerciendo su poder desde otro domicilio.
La cárcel, que debería representar el límite entre la legalidad y el crimen, apareció convertida en una extensión del mando criminal. Un lugar no donde se pierde el poder, sino donde se administra.
No estamos ante una simple irregularidad carcelaria ni ante un episodio folclórico para el escándalo de redes. Estamos frente a una señal mucho más grave: en Colombia hay estructuras ilegales que no están derrotadas ni sometidas, solo reacomodadas.
Al tiempo que el país hablaba de memoria, reparación y dignidad para las víctimas, los victimarios parecían celebrar que el poder nunca se fue del todo. Una fractura moral.
Ese contraste es insoportable. Francamente detestable.
Más de diez millones de víctimas buscan verdad, justicia y garantías de no repetición. Diez millones de historias marcadas por la violencia, por la pérdida, la ausencia. Diez millones de personas que esperan que la justicia opere. Que lo mínimo que esperan del Estado es que sancione con seriedad a quienes sembraron terror. Lo que reciben, sin embargo, es la imagen contraria: criminales con capacidad de influir, ordenar y hasta festejar.
La llamada paz total prometió desactivar la violencia. Pero en demasiados casos terminó enviando otro mensaje: delinquir sí paga, intimidar sí funciona y el Estado negocia incluso aquello que no debería negociar jamás: su autoridad.
Cuando la sanción se relativiza, la impunidad deja de ser una excepción y se convierte en cultura. Y eso tiene consecuencias concretas: grupos armados que conservan control territorial, redes criminales que inciden en elecciones locales, ciudadanos que pierden fe en la justicia y jóvenes que concluyen que la ley castiga al débil, pero se acomoda al fuerte.
Lo de Itagüí no es solo una parranda. Es una radiografía. La imagen de un país donde algunos criminales siguen mandando incluso presos, mientras millones de víctimas siguen esperando.
Una sociedad puede sobrevivir a años de violencia. A lo que difícilmente sobrevive es a acostumbrarse a la humillación de la justicia.
