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La expresión “carne de cañón” nació en los campos de batalla europeos para designar a aquellos soldados enviados al frente, sin mayor consideración que su número: sacrificables y anónimos. Eran jóvenes sin rostro que, en la lógica despiadada de la guerra, valían menos que la munición que disparaban. Hoy, en Colombia, esa dolorosa metáfora se ha convertido en realidad: nuestros soldados y policías son tratados como piezas desechables de un tablero donde el gobierno -en cabeza de un exmiembro del M19 y un ministro de defensa que cada día deshonra más el uniforme-, más que defenderlos, los expone y traiciona.
La semilla de este drama se plantó en la Paz de Santos y en el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, que otorgó beneficios desproporcionados a los cabecillas de las FARC: curules sin votos, indulgencia judicial y renuncia fáctica -y sin consecuencia alguna- a la entrega de rutas del narcotráfico, armas y fortunas ilícitas. Un proceso de paz que desmovilizó efectivamente a muy pocos y que apenas mudó de nombre a la organización, mientras legitimó a los peores criminales de nuestra historia como predicadores de la moral. Del otro lado, dejó a una Fuerza Pública desmoralizada, perseguida judicialmente, obligada a admitir crímenes que no cometieron -con algunas excepciones- para poder negociar penas inmerecidas, y expuesta a la condena social que sembró la narrativa petrista.
Los hechos recientes son de una crudeza insoportable. En menos de dos semanas, 2 militares fueron quemados vivos mientras destruían un laboratorio de cocaína; 34 soldados fueron secuestrados en el Guaviare por “civiles” -un episodio ocultado por el propio ministro de Defensa hasta que la prensa lo destapó-; y un helicóptero fue derribado en Amalfi por un dron, con saldo de 13 muertos y 4 heridos.
En paralelo, según la Defensoría del Pueblo, el 73% de los municipios está bajo influencia de grupos armados ilegales y en lo corrido entre el 1 de enero y el 15 de agosto, ya suman 133 los uniformados asesinados. A esto se añaden grabaciones desgarradoras, casi a diario, de militares implorando ayuda en medio de emboscadas que terminan en masacres. Son datos que revelan la desprotección total de quienes nos protegen.
Hasta aquí, lo que hay es la descripción alarmante de un país en guerra, pero la situación es mucho peor. Lo absurdo es que esta arremetida contra nuestros uniformados ha sido en gran medida estimulada por quien ostenta el título de presidente. No podemos olvidar que durante el “estallido social”, Petro y sus huestes alentaron la violencia contra la Fuerza Pública: policías quemados vivos, agentes linchados, el ESMAD satanizado. Luego, ya en el poder, irresponsables señalamientos públicos, masivos recortes en la cúpula militar por ser, según la narrativa, “adversa y guerrerista”, incontables desplantes en actos de honores militares, la inteligencia del Estado entregada a un exmiembro del M-19. Y así cientos de mensajes ambiguos que presentan a nuestras Fuerzas como antagonistas del pueblo y a los bandidos como víctimas incomprendidas.
Hoy, el enemigo ya no está en el monte: está en Palacio. Gobernar parece significar proteger a quienes desangraron a Colombia y dejar morir a quienes la defienden. Lo advirtió Álvaro Gómez: hemos llegado a la paradoja de un sistema institucional que se pone del lado de los criminales. Mientras tanto, los colombianos respetuosos de la ley vivimos entre la incertidumbre y la indignación, urgidos de certezas. Nuestra esperanza, sin duda, es que a partir de 2026 Petro será nuestro peor recuerdo y la Fuerza Pública, volverá a ser el orgullo de la Nación..
