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Isaiah Berlin, uno de los teóricos políticos más influyentes del siglo XX, argumentaba que las democracias no operan en un vacío de principios absolutos, sino en un escenario de valores en competencia. En contextos históricos cambiantes, la sociedad elige colectivamente qué valor priorizar en un momento dado, reconociendo que muchos de estos son incompatibles y se anulan mutuamente. No existe una armonía preestablecida; la libertad, por ejemplo, puede chocar con la igualdad, la justicia con la paz. Sociedades como Estados Unidos han privilegiado la libertad individual, tolerando desigualdades sociales profundas, mientras que regímenes socialistas han impuesto igualdad a costa de libertades básicas. Berlin enfatizaba que estas elecciones no son eternas: las generaciones futuras pueden revertirlas, reabriendo heridas en nombre de valores postergados.
En Colombia, esta dinámica berliniana se manifiesta con crudeza en los procesos de paz negociados con grupos armados. Históricamente, el Estado ha sacrificado la justicia para lograr la paz, concediendo impunidad a cambio de que cesen las matanzas. El caso del M-19 es paradigmático: este grupo terrorista, responsable de secuestros, homicidios y actos de violencia indiscriminada —como la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó cientos de muertos—, obtuvo amnistía bajo el gobierno de Belisario Betancur en los años 80. Se argumentó que era necesario para evitar más derramamiento de sangre. Similarmente, César Gaviria negoció con narcotraficantes como Pablo Escobar una “justicia a la medida” en La Catedral, con decretos Taylor Made para que depusieran las armas. Más recientemente, el proceso de paz con las FARC en 2016 disfrazó la impunidad como “justicia transicional”, un eufemismo que Berlin calificaría de sofisma: se priorizó la paz, pero se sacrificó la justicia genuina, permitiendo que criminales siguieran amenazando con violencia si no se les garantizaba exención de castigo.
Berlin advertía que tales compromisos son temporales. Sociedades evolucionan; lo que una generación acepta por pragmatismo, otra lo repudia por principios. En Argentina, las amnistías concedidas a militares golpistas en los 80 para facilitar la transición democrática fueron revocadas décadas después. Generaciones posteriores, hartas de impunidad, reabrieron juicios: figuras como Jorge Videla murieron en prisión, juzgados por crímenes contra la humanidad. El país había cambiado; la memoria colectiva exigió accountability.
Hoy, Colombia ha cambiado profundamente. El mundo observa con ojos nuevos lo que en el pasado se toleraba por supervivencia. Entendemos el contexto de aquellos acuerdos: sin ellos, ¿cuántos miles más habrían muerto a manos del M-19, los narcos o las FARC? Era una elección berliniana forzada por la urgencia, un sacrificio de justicia para preservar vidas y estabilizar el Estado. Pero esa era ha concluido. La sociedad colombiana actual está exhausta de ver a exdelincuentes impunes posando como estadistas, filósofos o líderes morales. Miembros del M-19, como Gustavo Petro u otros, pronuncian lecciones sobre gobierno, ética y futuro, mientras la memoria colectiva grita su pasado: terroristas, asesinos, secuestradores sin escrúpulos que nunca enfrentaron un banquillo real.
El país lo merece: es momento de revertir la prioridad histórica. Siguiendo a Berlin, las generaciones presentes pueden —y deben— reabrir procesos de impunidad pasada. Juzgar a los antiguos terroristas del M-19 no es venganza, sino afirmación de justicia como valor supremo en esta nueva etapa. Solo así cerraremos ciclos de hipocresía, honrando a las víctimas y construyendo una democracia donde la paz no sea sinónimo de olvido, sino de verdad rendida. Colombia ha madurado; el cambio global en percepciones de derechos humanos y accountability lo exige. Sentémoslos en el banquillo: la historia lo reclama.
