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Las 45 masacres ocurridas en lo que va de este año, y todas las que se han perpetrado a lo largo de la historia de Colombia, son condenables desde todo punto de vista, independientemente de quienes sean los autores.
Tristemente, este es un episodio que hace parte del espiral de violencia en nuestro país, que cambia de actores y de contextos, pero que no desaparece y está relacionado con la disputa territorial de grupos armados ilegales asociados al narcotráfico, negocio que no sólo ha causado violencia, muertes, secuestros, desplazamientos y ha impactado negativamente la economía e institucionalidad democrática del país, sino que además ha convulsionado la sociedad y trastocado la cultura invirtiendo valores como la vida, la ética y el trabajo honrado. Un poder que se ha construido a partir de la connivencia entre el negocio de la droga, el crimen organizado, las guerrillas, los paramilitares y funcionarios corruptos que articulados, parecen asfixiar el orden, la autoridad y el poder del Estado.
Y es que como producto de las negociaciones de paz con las Farc, el Estado congeló durante más de 4 años las acciones ofensivas en el territorio, redujo el pie de fuerza en la Policía Nacional y en las Fuerzas Militares, lo que implicó pérdida de control territorial y un aumento exponencial de los cultivos de hoja de coca, hasta llegar hoy a 220.000 hectáreas sembradas, que representan 40.000 más de las que había en 1998, y 180 mil más que en 2012. Igualmente, es importante mencionar que una hectárea hace 15 años producía 1 cultivo por año y hoy la misma produce entre 4 y 5 cultivos al año, lo que significa un gran aumento de la productividad: es como si hoy tuviéramos cerca de 1 millón de hectáreas más de cultivos de coca, de los que teníamos hace 15 años.
Como resultado del aumento de los cultivos ilícitos, se han fortalecido actores criminales como: los GAOr, el Eln, el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas, los Pelusos, los Caparrapos y disidencias Farc que han venido creciendo luego del acuerdo de paz en 2016 gracias a peligrosos vínculos criminales con dos grandes carteles mexicanos: Sinaloa y el del Golfo. Estos grupos ilegales alcanzan un nivel de acciones ofensivas que generan violencia, homicidios y desplazamiento de población en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Santander, precisamente las cinco regiones donde se han presentado el 72 % de las masacres de 2020, que reúnen el 74 % de las víctimas y a su vez concentran el 78 % de los cultivos ilícitos del territorio nacional.
Frente a la forma de enfrentar este flagelo, es importante también, aparte de acciones ya definidas, fortalecer alternativas como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, trabajar de manera coordinada con las comunidades y desde un enfoque cooperativo a nivel nacional e internacional, pues el problema no es sólo de Colombia ni de los países productores sino también de aquellos en los que el mercado de consumo es cada vez más grande. El narcotráfico es un problema de seguridad nacional y de orden trasnacional que se constituye como el gran generador de violencia.
Los grupos violentos asociados al narcotráfico que han cometido las masacres en diferentes regiones del país son los directos responsables de estos crímenes, que aunque quieran utilizar la estrategia de transferencia de la culpa hacia el Estado, no pueden evadir la justicia y tienen que pagar por sus atrocidades. La institucionalidad no puede dejar de cumplir sus funciones constitucionales, ni ser débil en su lucha contra estas estructuras criminales, la obligación del Estado es concentrarse en proteger a sus ciudadanos, controlar el territorio en las zonas más conflictivas, hacer presencia con sus fuerzas armadas, combatir el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico migrantes, pero además, hacer presencia efectiva a través de políticas públicas en el ámbito de la educación, el desarrollo económico, la justicia, el empleo y la inversión social para las comunidades más vulnerables de Colombia.
