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Mucha tinta ha corrido —y muchos likes se han dado— celebrando los resultados económicos del primer año y medio del gobierno de Javier Milei en Argentina. Las cifras hablan por sí solas: la inflación se redujo un 80%, la pobreza cayó 20 puntos desde que asumió, el déficit fiscal desapareció y, en 2025, Argentina será el país de mayor crecimiento en América Latina, sólo detrás de Guyana.
Milei llegó al poder como un “Batman” cuya motosierra representaba su superpoder: salvar a Argentina recortando el Estado de forma masiva, casi violenta. Y podría parecer que el éxito económico argentino se debe exclusivamente a esa motosierra. Pero en realidad, ha sido más mérito del bisturí que del hacha; más de precisión quirúrgica que de fuerza bruta. Y ese bisturí lo ha empuñado Federico Sturzenegger, el “Robin” de Milei y actual ministro de Desregulación.
En apariencia, Sturzenegger es otro tecnócrata más: economista con posgrado en EE. UU., exfuncionario de varios gobiernos y político de discretos resultados electorales. Pero con Milei, ha sido el verdadero cirujano del cambio: poniendo a la tecnocracia en el centro del debate y al servicio de la transformación estatal. Sin ser libertario (porque sí cree en un Estado funcional), ni anarcocapitalista (quienes abogan por el libre mercado, pero niegan la necesidad del Estado), Sturzenegger ha liderado cientos de microreformas regulatorias que han liberado el potencial creativo de una nación con uno de los capitales humanos más robustos de América Latina.
En menos de un año y con un equipo reducido, Argentina ha desregulado sectores clave: aduanas, para facilitar importaciones y exportaciones; aviación, mediante una política de cielos abiertos que redujo costos de vuelos; y áreas como el sistema ferroviario, el eléctrico, el de salud y el mercado laboral. El foco ha sido uno: aumentar la competencia, cerrar empresas públicas ineficientes y reducir precios al consumidor.
Pero la revolución regulatoria también ha tocado la vida cotidiana. Se han eliminado o simplificado trámites como obtener una placa vehicular, rendir el examen de conducción o autorizar a menores para viajar. En total, se han modificado o derogado más de 700 leyes y 50.000 normativas —más de 100 al día en promedio y más de 100 por empleado del Ministerio, una cifra que refleja tanto intensidad como planificación.
¿Enseñanzas para Colombia y 2026? Muchas. Pero hay dos claves. La primera: sí se puede. Las economías necesitan regulación, pero regulaciones sensatas, acotadas y con vocación productiva. En Colombia es al contrario y hace mucho tiempo hemos cruzado el umbral de la sobre-regulación.
La segunda es táctica. Sturzenegger no llegó al ministerio a improvisar. Dos años antes de las elecciones, con un equipo de apenas 10 personas, analizó el 90% del aparato normativo argentino. Sabía exactamente qué debía cambiar. El mensaje es claro: al gobierno no se llega a aprender, se llega a hacer. En Colombia, algo similar se está gestando desde el Consejo Privado de Competitividad, con Daniel Gómez Gaviria y la Agenda 2630. Vale la pena prestarle atención: hay ahí una hoja de ruta valiosa y concreta.
