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No es una pataleta. Es una estrategia. El berrinche del ministro de Hacienda en la última Junta del Banco de la República, y su decisión de dejar de asistir, tiene una lectura más preocupante que la de un funcionario frustrado. Detrás del ataque al Banco, a su gerente y a sus codirectores, en particular a Olga Lucía Acosta, hay un patrón que ya se conoce: este Gobierno acumula control sobre todo lo que maneja recursos. Así fue con la salud, así fue con las pensiones, y ahora apunta al corazón del sistema monetario.
¿Por qué importa que el Banco sea independiente? Porque su mandato constitucional (artículo 373) es velar por el poder adquisitivo de la moneda. Esto significa: que un peso de hoy valga un peso mañana. Cuando los precios de los bienes y servicios en los que se gastan los salarios y pensiones aumentan, los que más pierden son los más pobres. No tienen cómo poder conservar sus ingresos en valor constante. La inflación no es un problema de economistas; es un impuesto que pagan quienes menos tienen.
Los datos de marzo publicados por el Dane son elocuentes: la inflación para los pobres creció más que la de los ricos en el primer trimestre del año. Y la inflación sin alimentos ni energéticos, la que mide mejor las presiones de fondo, ya va en 6,32% anual. La Junta actuó bien al subir la tasa. Las expectativas de inflación para este año se ubican entre 5,1% y 6,5%. No había margen para la complacencia.
Aquí viene la contradicción que el Gobierno no quiere nombrar: mientras el ministro reta públicamente al Banco por subir tasas, el propio Gobierno se ha endeudado a tasas más altas que las fijadas por la Junta. Un déficit fiscal del 6,4% del PIB presiona los mercados y encarece el crédito. Esto es como atacar al árbitro mientras se le pide que haga trampa en su propio favor.
La discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en los precios es legítima y necesaria. Pero esa conversación debe darse con rigor, no con presión política. Como lo dijo la ex codirectora Carolina Soto: la diversidad en la Junta es positiva; lo inadmisible es “la diversidad en el rigor técnico”. No le corresponde a la Junta convertirse en eco del Ejecutivo y de sus “11 millones de votos”.
Lo que está en juego no es solo una tasa de interés. Es la arquitectura institucional que separa el poder político del manejo del dinero. Esa separación no es un capricho tecnocrático: es una de las lecciones más costosas que aprendió América Latina en el siglo XX, cuando los gobiernos que controlaban sus bancos centrales usaban la emisión de dinero para financiar el gasto público. El resultado, invariablemente, fue hiperinflación y empobrecimiento masivo.
Mientras el Ministerio de Hacienda no vuelva a ser el guardián de la estabilidad fiscal, no su sepulturero, la inflación no cederá, las tasas no bajarán y los más vulnerables seguirán pagando la cuenta.
Reiterar finalmente que en estas elecciones elegir también es entender, de antemano, quién asumirá las consecuencias.
