Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Rodrigo Botero Montoya, ex ministro de Hacienda, decía en su columna de este periódico que “la política económica que le ha servido bien al país durante décadas es gradualista y prudente, compatible con la búsqueda de una inflación baja y estable, la creación de empleo formal y de un ritmo de crecimiento sostenible”. Añadiría con base en Rose Mary Thorp (Q.E.P.D.) de la Universidad de Oxford, el manejo responsable de las finanzas públicas y la deuda externa además de pragmático debe ser adaptable a las circunstancias o coyunturas.
Recientemente este gobierno ha hecho trizas esa tradición fundamental del manejo económico de nuestro país al no evaluar responsablemente las consecuencias de las medidas tomadas, en especial el contexto y la coyuntura económica. Se trata a todas luces de la intencionalidad de incidir en las próximas elecciones mediante el uso de la política económica. De esto no cabe duda. El aumento del 23,0% en el salario mínimo, una reforma tributaria vía emergencia económica sin un recorte contundente del gasto a pesar del déficit fiscal y una deuda externa crecientes, son suficiente ilustración.
El presidente es hábil en su discurso frente a críticas poco refutables, instiga para contratacar como si estas provinieran exclusivamente de sectores que tratan de mantener privilegios en contra de los más desfavorecidos. Ese discurso ha sido exitoso porque su proclama de lucha de clases ha calado y, además, porque algunos resultados como el desempleo, el crecimiento económico y el gasto de los hogares lo favorecen, mientras que las consecuencias de las mencionadas medidas económicas tendrán un efecto adverso y contraproducente para la población a la que tratan de beneficiar y pondrá contra las cuerdas el manejo económico de los años siguientes.
El mejor ejemplo lo constituye el aumento del salario mínimo de este año. El efecto es grande y diverso pues se encarece el costo laboral así como otros costos que se actualizan anualmente por salario mínimo y no por IPC; la demanda obviamente crece inicialmente. Algunos productores buscarán trasladar dicho mayor costo al consumidor; otros ajustarán la nómina de trabajadores con impacto en desempleo e informalidad. La medida es entonces inflacionaria y afecta el salario real de los trabajadores a los que pretendía beneficiar el mayor salario mínimo. El aumento en la inflación y el déficit fiscal del gobierno presionarán la tasa de interés al alza, lo que afectará negativamente a emprendedores, Mipymes y en general el consumo. Por lo anterior algunos analistas proyectan para este año una inflación por encima del 6,0%, 730 mil personas adicionales desempleadas y una tasa de interés de 11,5%.
Los próximos cuatro años serán los más difíciles para gobernar en mucho tiempo y, en dicho contexto, para recuperar una política económica seria y responsable con nuestro país y con la población menos favorecida, resulta decisiva la conformación de un buen Congreso y la elección de un presidente con gran experiencia en los manejos del Estado, capaz de visionar y liderar un mejor futuro.
