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La amnesia de la historia suele ser tan frecuente como la repetición de los errores de los hombres. El filósofo George Santayana dijo “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” (1905).
Hace apenas 17 años, el país asistía a un acalorado debate por la investigación contra el director de la UIAF del gobierno Uribe, Mario Aranguren, por haber entregado al DAS (servicio secreto ya extinguido) información confidencial de movimientos bancarios de magistrados de la Corte Suprema, de los senadores Petro y Piedad Córdoba, y del periodista Coronell. La UIAF es el organismo que debe prevenir y detectar operaciones financieras de origen delictivo del crimen organizado. Aranguren fue capturado, condenado y luego absuelto por la justicia (en uno de los delitos se salvó por vencimiento de términos).
Coincidencialmente, hoy Petro es el presidente y el periodista Coronell es quien ha recibido la filtración de un documento secreto de la UIAF con las mismas características del gran escándalo de 2009: movimientos financieros de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, por solicitud de una congresista petrista, Gloria Arizabaleta, exesposa del candidato Roy Barreras. La orden la cumplió un subalterno de Petro, un oscuro personaje conocido como alias el “Chulo”, Wilmar Mejía, director de la UIAF que llegó al cargo, estratégico para seguridad nacional, pese a que es investigado por la Fiscalía por presuntos nexos con el terrorista de las FARC, alias Calarcá.
Mejía, de quien el país solo conoce su nombre y que es licenciado en educación física, ha salido a contestarme en la red social X: que esos informes sobre la magistrada se hicieron “con apego” a las normas y que es respetuoso y garante de los derechos humanos. He intentado que el gobierno revele la hoja de vida del Chulo; se han negado alegando que “la hoja de vida de todo agente de inteligencia es de carácter reservado conforme a la ley”.
Con este nuevo episodio escandaloso, es evidente que el gobierno Petro no solo goza de amplia impunidad social en casi todos ellos, pese a su gravedad, sino también que opera un sospechoso silencio de algunos que otrora fueron valientes periodistas o reputados medios de comunicación frente a la corrupción y los desafueros del gobierno. A pocos importó, por ejemplo, que el suscrito revelara esta semana – con los periodistas del medio virtual Minuto60 – el contenido del irregular informe de los abogados contratados por Petro (por $10.000 millones), para intentar sacarlo de la Lista OFAC. No hubo debate alguno respecto de que Petro hubiese accedido a cumplir exigencias de Trump en materia de extradición; horas antes de reunirse con Trump el 3 de febrero, extraditó al peligroso alias “Pipe Tuluá”, por directa recomendación de estos abogados, como consta en el informe, en el cual queda claro que toda la reunión fue alrededor de temas de narcotráfico. Tras esa cita, ¿volvió a protestar Petro por bombardeos a lanchas del narcotráfico? ¿Volvió a vociferar por la dignidad nacional ante las deportaciones de colombianos, que continúan? Silencio.
La historia se repite, pero ya al país no le hace ruido. Estamos normalizando el crimen, el abuso y las tropelías oficiales gracias al somnífero del gobierno Petro.
