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En un espacio de formación que compartí con maestros de la Guajira escuché la siguiente expresión: “las mujeres venezolanas, esas placas blancas, llegaron a Colombia a robar maridos y a ejercer la prostitución”. Esta situación me conmocionó por varias razones, la primera, por la naturalidad con la que se dijo sin causar mayores reproches. En segundo lugar, por las risas que provocó en muchos de los asistentes, incluidas mujeres, y en tercer lugar, por la comparación perversa que se hace de la mujer migrante con un objeto, como es el caso puntual de los automotores de servicio público venezolano, los cuales afirman los maestros, fueron muy populares en la década del 2000 en Riohacha porque eran traídos con contrabando desde Maicao, se podían comprar a muy bajo costo, y se distinguían por su característico color blanco en la matrícula.
Consultando las razones que motivaron este indignante comentario, reconocí varios asuntos preocupantes que se camuflan en el discurso y se proyectan como hechos fácticos en la escuela pública. El primer argumento giró en torno a las historias que han escuchado los maestros de otras personas sobre las mujeres venezolanas y sus “prácticas para enamorar hombres casados”. Seguido de esto, se exponían argumentos frente a la posibilidad que tienen las familias de la Guajira de perder derechos con el ingreso de venezolanos a la región, inclusive, se enfatizó en las desventajas que las mujeres colombianas, como cabeza de hogar, tienen cuando mujeres migrantes solicitan beneficios para sus hijos, como es el caso de subsidios y alimentación en el comedor escolar.
Según la investigación El feminicidio en Colombia: La tarea pendiente de las cifras que aún no hemos calculado, publicada por la Universidad Externado de Colombia, en lo corrido del 2023, se han registrado 3.483 casos de violencia intrafamiliar y 1.516 exámenes medicolegales efectuados por presunto delito sexual. Solo el 32% de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación por feminicidio, han terminado en una sentencia condenatoria, mientras que el 35% sigue en etapa de indagación. Estas cifras nos deben alertar sobre la violencia sistemática que se vive y se naturaliza en sociedades como la colombiana.
No es un asunto menor lo expuesto hasta ahora, por su carga xenofóbica y la violencia basada en género (VBG) del desafortunado comentario que ocurrió dentro de una escuela. Los maestros tenemos una responsabilidad superior frente a lo que decimos y promovemos. Si bien, donde ocurrió el comentario fue un espacio de conversación entre colegas, no se podría justificar tal infortunio por el simple hecho de que existía una atmósfera de confianza. Por otro lado, no se trata de caer en el señalamiento como forma inquisidora hacía los maestros, será necesario, profundizar para entender esta situación como un problema mayor que desborda la escuela como fortín para los derechos de todas y todos, indistinto de la nacionalidad, género o capital económico.
Que lo que se justifique fuera de la escuela nos cuestione y active dentro de ella. Reflexionemos para darle la vuelta a los prejuicios que proponen las violencias basadas en género, en especial contra las mujeres migrantes, porque nos son “placas blancas”, son mujeres con derechos.
