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El presidente Obama solicitará al Congreso autorización para el uso limitado de fuerza militar en una batalla de por lo menos tres años contra el Estado Islámico. A simple vista, esto parece ser un bienvenido reconocimiento a la máxima autoridad del Congreso en materia de guerra y paz. Pero si la resolución presentada por la Casa Blanca no es enmendada, tendrá el efecto contrario. El apoyo del Congreso será igual a un respaldo resonante a la producción presidencial de la guerra.
Sin importar qué más decidan, la Cámara y el Senado deberían revisar la iniciativa de la Casa Blanca para garantizar que no tenga este trágico resultado. Primero no hacer daño; antes de proceder con el debate sobre los límites de nuestro continuo compromiso militar, el Congreso debería hacer imposible que los presidentes futuros evadan su decisión final.
El problema es la posición de dos cañones que ha avanzado Obama. Él afirma que ya goza de suficiente autoridad para una guerra no concluyente con el Estado Islámico. Él basa esta afirmación en una amplia interpretación de la resolución del 2001 autorizando al presidente Bush para hacer la guerra con al-Qaeda después de los ataques del 11 de septiembre. Mientras esta resolución permanezca vigente, dice Obama, él puede seguir peleando, aunque el Congreso nunca apruebe una nueva resolución.
Para cubrirse políticamente, Obama ahora quiere que el Congreso le otorgue nueva autoridad, pero se opone a revocar la autorización del 2001 a cambio de esa nueva autoridad. Aunque se ha comprometido con refinar, y eventualmente revocar, la vieja resolución, no ha cumplido con compromisos similares en el pasado. Si el Congreso se contenta con otra promesa vacía, es probable que el viejo acto permanezca registrado cuando el nuevo se venza en el 2018. Esto permitirá que el sucesor de Obama reafirme su actual postura y siga peleando basándose en la autoridad que heredó de Bush.
En el 2018, la autorización del 2001 cumplirá 17 años. Pero la negativa del Congreso a repudiarla en el 2014 le dará nueva vitalidad legal. Al fin y al cabo, Obama no está ocultando su afirmación en cuanto a que la vieja resolución es suficiente para la nueva batalla, si el Congreso no la revoca, los abogados del presidente siguiente predeciblemente afirmarán que los legisladores fueron persuadidos por los amplios reclamos de Obama.
Esto es cierto, especialmente dado que la actual propuesta del señor Obama apoya la misma fórmula que usaron sus abogados para transformar la resolución de 2001 en una concesión abierta de poder. Para entender es importante recordar un poco de historia. Cuando Bush se dirigió al Congreso en el 2001, inicialmente exigió autoridad para hacer la guerra “para disuadir y prevenir actos futuros de terrorismo o agresión contra los Estados Unidos”. Pero el Congreso se negó a darle carta blanca y limitó su autoridad para hacer la guerra a grupos y países “asociados” con los ataques del 11 de septiembre.
Sin embargo, tanto la administración de Bush como la de Obama han usado la palabra “asociados” para transformar el otorgamiento limitado de la resolución en la amplia autoridad de producción de guerra que el Congreso explícitamente le negó al presidente en el 2001. Los abogados de la Casa Blanca han conseguido este poder declarando que una multitud de grupos de alguna manera están asociados con al-Qaeda por medio de lejanas conexiones con retazos sobrevivientes de la organización de Bin Laden.
A pesar de esta infeliz historia, la actual propuesta de Obama explícitamente apoya esta fórmula para agarrar el poder. La propuesta no solo se abstiene de limitar el campo de batalla a Irak y Siria, sino que también le autoriza extender la pelea más allá del Estado Islámico para batallar con cualquier “persona o fuerza asociada” incluyendo a “cualquier entidad sucesora cercana”.
Si el Congreso acepta, la siguiente administración dirá que los legisladores han aceptado implícitamente el uso más amplio de la fórmula tal como fue desarrollada bajo el acta del 2001. La Casa Blanca luego la usará para iniciar nuevas guerras afirmando la existencia de asociaciones cada vez más remotas entre nuevos grupos terroristas y la vieja al-Qaeda.
Estos son puntos jurídicos. Fácilmente se pueden perder entre halcones y palomas debatiendo si Obama debe tener o no permiso de poner tropas americanas en el suelo si cree que es necesario derrotar al Estado Islámico.
Las personas que toman en serio la Constitución, de ambos lados, no pueden permitir que esto suceda. Deberían insistir en la revocatoria de la resolución de 2001 y una repudiación explícita de la doctrina de las “fuerzas asociadas”. Solo entonces se le exigirá al presidente que se dirija al Congreso para ganar su consentimiento si él o ella quiere prolongar la guerra más allá del plazo de 2018. Si no toma postura ahora, esa farsa de debate generará otro ciclo destructivo de desconfianza que alienará a los americanos aún más de sus representantes.
