La pérdida de confianza de la ciudadanía en la administración de justicia –en sus jueces, en sus magistrados, en sus fiscales– es el peor mal que puede aquejar a una sociedad democrática y fundada en el Derecho, como se supone que es la colombiana.
Para no ir más lejos, además de muchos otros episodios, lo que ocurrió con un fiscal anticorrupción sorprendido en actos corruptos; el escándalo del denominado “cartel de la toga”; o lo que ha venido aconteciendo en el caso Odebrecht; el cobro de coimas por la selección de casos de tutela; la manipulación fraudulenta de los mecanismos de reparto de procesos; las prebendas que abogados inescrupulosos ofrecen a jueces y empleados judiciales; la interminable crisis carcelaria, la libertad obtenida por...
