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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el uso de paraísos fiscales les cuesta al menos 600 000 millones de dólares a los gobiernos de todo el mundo. Y es acá donde radica la importancia y se agita la indignación por los Pandora Papers, que muestran, en el caso colombiano, que 588 nacionales tienen su dinero en esos lugares.
¿Delito? No. Son legales, pero dejan demasiadas dudas. Tanto que en el mundo económico esa práctica se conoce como corrupción legal o corrupción transparente.
Si acá no hay amenazas, ¿para qué sacar el dinero a otros lugares en una práctica opaca, como recuerda Thomas Piketty en Capital e Ideología, pues la información se pierde en gobiernos que la ocultan y las empresas offshore que los manejan?
El dinero lo sacan (millonarios o políticos y funcionarios, todos también millonarios) como protección contra ataques criminales o frente a gobiernos inestables (no sucede acá). Y, lo común: para evadir impuestos. Eso de que si se declaran ante el Banco de la República y la Dian no hay problema, como simplificó displicente el presidente Duque, puede no ser tan cierto.
Tras los Panama Papers, dice Piketty, Noruega, con una administración tributaria muy eficaz, encontró que la evasión era del 30 % en el 0,01 % de los patrimonios más elevados.
Otros aprovechan para lavar activos y ocultar fortunas. Corruptos.
Tan grave es la problemática que en el caso empresarial avanza un consenso casi global para evitar esa evasión en paraísos, que difícilmente se reconocen como tales y que obtienen ganancias de los bajos impuestos que cobran a través de las compañías offshore, fantasmas. Existen en el papel y se crean en un entorno de opacidad y confidencialidad, como explicó a la BBC Dan Hough, de la Universidad de Sussex y autor de Analizando la Corrupción.
La periodista de El Espectador que coordinó el capítulo Colombia ha dicho que sí hay casos de evasión.
Y esos políticos que sacan el dinero se benefician con medidas tributarias a su antojo mientras clavan a los demás colombianos.
Puede ser legal, pero no ético. Esta opacidad “es una de las principales características del régimen desigualitario neopropietarista mundial a comienzos del siglo XXI”, analiza Pikkety.
Es, en nuestro caso, un insulto y pésimo mensaje a los pobres, a los ciudadanos de a pie y a quienes tributan cumplidamente y no pueden evadir. Por estas trampas descaradas cada vez más personas detestan pagar impuestos.
Lo peor es que, por ahora, no hay cura para la enfermedad.
Maullido: este gobierno detesta tanto la paz, permitió que crecieran a 5 200 las disidencias
