Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
¿Por qué el modelo económico que defiende Gustavo Petro es nocivo para Colombia? Esta fue la pregunta que me pidieron responder en la conferencia de Patriots Network que se realizó en Medellín el pasado 31 de mayo.
Empecé señalando cinco elementos que preocupan del modelo económico del actual Gobierno: es estatizador, desincentiva la inversión y erosiona la confianza; desconoce el valor fundamental de la propiedad privada en una sociedad libre y democrática; estigmatiza al empresariado y promueve el odio de clases; es altamente burocrático, clientelista y corrupto, y promueve el radicalismo ambiental, impidiendo el aprovechamiento legal y sostenible de los recursos naturales.
El Gobierno ha buscado a través de reformas en el Congreso o vía presión financiera y fiscal, la estatización de sectores como la salud, la educación y el minero- energético. Por ejemplo, a pesar del hundimiento de la reforma a la salud, el Gobierno la impuso de facto, interviniendo nueve Empresas Promotoras de Salud -EPS- e inhabilitado 886 Instituciones Prestadoras de Salud -IPS-; acrecentando el déficit del sistema que, entre 2022 y 2024 sumó $19,7 billones, y deteriorando el servicio que pasó de un poco más de 740 mil quejas en 2019 a 1,6 millones en 2024 y de 30.181 tutelas en 2021 a 84.445 el año anterior.
De otro lado, el gobierno ha intentado imponer inversiones forzosas, regular precios en sectores como el eléctrico y ha creado figuras jurídicas que condicionan el ordenamiento territorial y limitan gravemente el derecho a la propiedad privada como las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos -ZPPA y APPA- o el Decreto 033 de 2025 que prioriza a la Agencia Nacional de Tierras para la adquisición de predios en más de 80 municipios.
Además, Petro ha instalado peligrosas narrativas de odio de clases, estigmatizando a los empresarios calificándolos de “esclavistas”, “vampiros”, “orangutanes de la codicia” o “saboteadores de las reformas”; al tiempo que les impone una excesiva carga tributaria que llevó al cierre de 286.719 empresas en 2024, más que en pandemia, cuando se liquidaron 195.042; o les fija reglas tan nocivas como el reciente Decreto 572 del 28 de mayo, que crea nuevas tarifas de autorretención, cambia bases mínimas de retención y adelanta pago retención y autorretención.
Para colmo, se ha disparado el gasto público sin responsabilidad ni eficiencia. En términos reales, el gasto de funcionamiento creció 14%, superando por más de ocho veces el pésimo crecimiento económico de 1,7% registrado en 2024; la deuda pública está cercana al 61% del PIB; mientras la tasa de inversión cayó a 17,1% en 2024, siendo el nivel más bajo en los últimos 20 años.
Al sinnúmero de escándalos de corrupción; tenemos que sumar las consecuencias del activismo ambientalista que, ha puesto en riesgo la seguridad energética, nos hizo perder la autosuficiencia que por más de 40 años tuvimos en gas, y paralizó muchos proyectos estratégicos para el país.
Ante este desolador panorama, proponemos luchar por más libertad económica, basada en confianza; respeto a la propiedad privada, como derecho que no es negociable; disminución del tamaño del Estado, desregularización y disminución de la carga impositiva; sensatez en vez de radicalismo ideológico, y economía fraterna que promueva el nuevo sindicalismo, la visión de conservar produciendo y producir conservando y la relación cooperativa entre el empresario y el trabajador.
