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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 24 de abril de 2019

¿Pelea cuerpo a cuerpo?

Iván Duque les envió un mensaje claro al país y al planeta al permitir que el Capitolio –sede del debate de nuestras leyes– acogiera la III Cumbre Transatlántica de Valores, reunión de la derecha mundial para fortalecer sus ideas y planear su inserción en las agendas gubernamentales. En ese entorno, el abogado Rafael Nieto dijo: “No existe el derecho [internacional] de la mujer a disponer sobre su cuerpo”. Según su interpretación: “No existe una autonomía de la mujer para abortar”.

Sobre estas afirmaciones de Nieto, la abogada Mónica Roa, explica: “El derecho a la vida, salud, integridad, igualdad, se han interpretado por todos los organismos de derechos humanos como que implican la posibilidad de interrumpir el embarazo”. Aunque la autonomía de un ser humano, racional, sobre su propio cuerpo no tendría por qué estar especificada en ningún papel, Roa destaca: “Sí está escrito en múltiples documentos de derechos humanos globales, regionales y nacionales”.

Revivir esta discusión de salud pública, bioética y filosofía, evidencia de nuevo el repunte de las ideas retardatarias a nivel global. Menospreciar o esquivar el debate significaría cerrar espacios para las ideas liberales en la agenda pública.

Los argumentos facilistas son aquellos “irrebatibles”, que no plantean dudas. Quisiera enfatizar en dos de esas formas de argumentación: observar el mundo exclusivamente desde los privilegios con los cuales se nació. Por ejemplo, abogar por la abolición de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) porque se piensa que todas las mujeres contamos con los mismos medios económicos, educación sexual, creencias y seguridad física y psicológica. La segunda forma radica en invalidar al contradictor por medio de la caricatura: quienes defendemos la legalización de la IVE no somos “promotoras” del aborto. No hacemos “plan de amigas” para hacerlo. Tampoco quedamos en embarazo voluntariamente para después abortar.

Partimos de un principio básico: la IVE legal no obliga a abortar, pero sí permite su práctica con libertad y seguridad.

En la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (enero-marzo, 2018), el doctor Joaquín Guillermo Gómez-Dávila ofrece datos relevantes: “De los 208 millones de embarazos estimados en el mundo por año, el 41 % (85,3 millones) fueron no deseados, fuente del aborto inseguro. El aborto ha disminuido a nivel global, pasó de 45,5 millones en 1995 a 41,6 en 2003; sin embargo, el número de abortos inseguros apenas se modificó, pasó de 19,9 a 19,7 millones”.

¿Qué dice de Colombia? “En el país hay 400.000 abortos no seguros por año, y 93.000 complicaciones evitables, que consumen los recursos del sistema de salud. Setenta mujeres fallecieron por complicaciones del aborto en 2008 y 27 en 2014”. (El subregistro es otro factor crítico).

Muchos países, como El Salvador, no han alcanzado el reconocimiento del estándar internacional. Otros, como Colombia, permiten la IVE; sin embargo, implementar dicho aval (en tres casos) ha sido complejo por asuntos como la interferencia de las creencias religiosas en las políticas públicas: el fallido proyecto inicial de Clínica de la Mujer es prueba de ello.

Lo que parece una pelea cuerpo a cuerpo, debe convertirse en un diálogo con respeto (¡innegociable!) de los derechos ya adquiridos... de la vida de niñas, adolescentes y mujeres con un pasado, una historia, lazos afectivos previamente establecidos. Con conciencia. Con sentido. No se trata de “inocentes”, tampoco de culpables.

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