Las economías avanzadas iberoamericanas -con Colombia, México, Brasil, Argentina y Chile al frente- se enfrentan a un reto mayúsculo: garantizar unas pensiones dignas para la cada vez más envejecida población. Las protestas comienzan a generalizarse entre quienes descubren con sorpresa cómo las pensiones que se reciben son muy bajas en relación al nivel de vida actual, lo que deja desprotegidos a quienes se han jubilado bajo un sistema que, en principio, prometía más. El documento “Las pensiones en el mundo. Retos y tendencias de futuro”, dirigido por el profesor de EAE Business School Juan Carlos Higueras llama la atención sobre una situación que se agrava por la creciente esperanza de vida, una bendición contra la que ni siquiera esta pandemia puede, pero que complica la sostenibilidad de las rentas de los más mayores.
En los 90, la esperanza de vida en la región era de 68,3 años, pero ahora es de 75,4 años, según el Banco Mundial, lo que incide en los rendimientos finales de los fondos privados o públicos de pensiones. CAF-Banco de Desarrollo de América Latina afirma que más de 8 % de la población tiene 65 años o más, pero para 2050 se estima que la cifra se duplicará hasta llegar al 17,5 %. A ello se suma que el 63 % de la población activa trabaja en las sombras de la economía informal.
Esta tasa de informalidad se mueve en Colombia entre el 50 % y el 60 %. Esas personas no cotizan al sistema y por tanto no acumulan ahorro para la protección de la vejez. Su mayor esperanza de vida implica que en el futuro Colombia tendrá un alto porcentaje de “jubilados” sin derecho a prestación y, por tanto, dependiente de subsidios.
La pandemia está complicando aún más este panorama incierto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hasta octubre se perdieron 34 millones de empleos a causa de la covid-19 en la región y se está agravando la precariedad de la fuerza laboral, que se mueve cada vez más de la formalidad a la informalidad y tiene períodos largos de desempleo y bajos ingresos que no animan precisamente al ahorro.
En Latinoamérica coexisten dos sistemas de pensiones. Uno en el que se aporta a un fondo público en el que se recibirá una pensión según el promedio de remuneraciones, semanas trabajadas y la edad; y el otro de ahorro individual, en el que se consigna a un fondo personalizado privado (AFP) y se retiran los rendimientos hasta la edad establecida.
Colombia, que invierte solo el 4,4 % de su PIB en el gasto público para pensiones, dispone desde 1993 de un sistema dual de pensiones. Para pensionarse en el público se requiere tener 1.300 semanas de cotización y 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El privado exige acumular un capital que permita al afiliado tener una pensión equivalente al 110 % del salario mínimo (877.803 pesos, 226,8 dólares) o cumplir los requisitos para la garantía de pensión mínima. La mayoría de los trabajadores, más aún hoy en día, no tiene acceso a ninguna fórmula.
Por tanto, se debe comenzar por erradicar la informalidad hacia tasas asumibles. Rebajar el peso de la economía sumergida hacia el 30 % del PIB generaría recursos suficientes para hacer frente a este gasto. Eso implica mayor mano dura del Fisco, pero sobre todo que la seguridad social y el sistema de pensiones sea transparente y totalmente creíble. Cualquier reforma fracasará si la política no busca el bien común. Porque cuando las cosas funcionan, cuesta menos pagar impuestos.
