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Por Román Castaño Ochoa
A los policías colombianos los están fusilando mientras llega la orden. A las volandas y sin fórmula de juicio son destituidos. El debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional opera para todo el mundo; para la policía no. Cuando un juez tiene alguna duda relacionada con los hechos, debe resolverse a favor del reo; cuando se trata de un policía este principio no opera. Algunos medios, comentaristas políticos y columnistas ya condenaron a los policías. La masa de la población ya está convencida de su responsabilidad antes de dictarse cualquier sentencia; la mayoría de los medios de comunicación y orientadores de opinión ya dieron el veredicto.
La Alcaldía de Bogotá fue mucho más lejos al referirse a los “asesinatos a manos de la policía”. Como que ya investigó el hecho y con el acopio de pruebas conseguidas lo sustrajo de la tipificación de homicidio y lo ubicó en el gravísimo delito de asesinato.
Los policías implicados, lejos de tener aún una sentencia, ya fueron condenados a perder el salario, a conseguir un costoso abogado, a sufrir el escarnio público. Eso es un fusilamiento. Ya llegará la orden por medio de una sentencia judicial influenciada por el aullido de los lobos.
