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Felipe Vélez Roa
Columnista

Felipe Vélez Roa

Publicado el 26 de mayo de 2020

Porantioquia

A pesar de las profecías del desastre desatadas por el pánico y la incertidumbre, se avecina una nueva etapa en la contención de la pandemia. De la mano de la recuperación de la vida económica y la libertad de poder ejercer nuestros derechos, llega de nuevo la esperanza. Para los gobiernos locales sigue su curso la discusión y aprobación de los planes de desarrollo, en donde los ciudadanos esperan que esté la solución a sus necesidades para que los recursos puedan llegar a sus territorios.

Parece que la recuperación de lo social en Medellín continúa liderada con la misma visión; invertir, sin detenerse a revisar cuál de los programas vienen funcionando bien y en cuáles de ellos se debe cambiar la perspectiva. Estoy convencido de que es evidente la necesidad de saber cuál es su impacto real para que podamos pasar del asistencialismo a una verdadera inclusión social.

En materia de movilidad, no sé si es incoherencia o un error de digitación proponer la construcción de solo 14 kilómetros de ciclorrutas cuando los 80 del plan anterior no les parecían suficientes. Sin embargo, resaltaría el liderazgo para sacar adelante el tren ligero de la 80, que como toda obra pública será vital como parte de la política contracíclica para neutralizar la depresión económica inducida a la que nos llevó el covid.

Por el lado del departamento, el plan de desarrollo es un ejercicio bien logrado, aunque he señalado que es una equivocación empezar la construcción del tren de cercanías por la mitad sin ninguna conectividad con los municipios cercanos. Creo que su respuesta a la crisis económica plantea estrategias serias para garantizar la salud, luchar contra el hambre y generar suficientes empleos. Esto hace pensar que la crisis podría ser una oportunidad para acortar las brechas tan grandes que hay entre los municipios de nuestro departamento.

Por último, creo que sería muy constructivo invitar a Proantioquia y a las universidades para que no solo hicieran un análisis de los diagnósticos y los indicadores, y emprendieran un estudio riguroso de los impactos y los resultados de las políticas públicas para garantizar una continuidad de las políticas exitosas y una revisión de las que no lo son. Poder calcular el monto detallado de cada inversión es una tarea pendiente; así sea el de una capacitación o una campaña de prevención, los costos unitarios deberían estar disponibles como una estrategia para luchar contra la corrupción y medir la eficiencia de la inversión pública. Este análisis haría de este ejercicio un plan estratégico en sí mismo que garantizaría que las políticas en nuestro territorio fueran de largo plazo y podamos construir desde lo construido.

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