No ha sido afortunado el Gobierno Nacional en lo referente a la cuestión tributaria. No lo digo solamente por el deplorable espectáculo que ha significado la más reciente propuesta, sino por lo ocurrido desde 2018.
Durante la campaña, las expresiones del candidato Duque fueron contundentes y claras en el sentido de que el país necesitaba austeridad, menos burocracia, menores impuestos y mayores salarios, no tolerancia con la corrupción (“el que la hace la paga”), relaciones con el Congreso sin “mermelada”, eficiencia y transparencia. Promesas que convencieron a muchos, hoy arrepentidos de su voto. Si algo vemos a diario –y no propiamente como consecuencia de la pandemia– ha sido todo lo contrario: nada de austeridad; incremento de la burocracia; gasto público desmedido; imagen y apariencia por encima de la eficiencia; tolerancia con prácticas corruptas, mucha “mermelada”, mayores impuestos para los más pobres, las pequeñas y medianas empresas y la clase media; gravámenes que afectan a las familias, a los asalariados, a los independientes y a los pensionados; falta de transparencia y eufemismos para todo.
La primera reforma tributaria fue aprobada indebidamente desde el punto de vista del trámite constitucional requerido, y por tanto, fue declarada inexequible, si bien la Corte Constitucional –contra lo que debe ser la guarda de la integridad de la Carta Política– extendió la vigencia del inconstitucional estatuto para dar tiempo a que se aprobara el nuevo, como efectivamente ocurrió a última hora, a “pupitrazo”. Vino después el coronavirus, se acudió a dos prolongados estados de emergencia económica, se impusieron nuevos tributos, algunos declarados inexequibles, y además se dispuso de recursos de las entidades territoriales para crear un Fondo administrado por el Ministerio de Hacienda y los bancos, que no ha servido para nada. El Congreso no ejerció el control político, ni tampoco el control legislativo.
Ahora, con la disculpa del Covid, se propone una nueva reforma tributaria, cuyo contenido se quiere disfrazar con el siguiente título: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.
Cabe recordar que, según el artículo 158 de la Constitución, “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”. Según el 169, “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.
Además de ser un proyecto que, como puede verse a lo largo de sus 163 extensos y habilidosos artículos, desobedece lo exigido en el artículo 363 de la Constitución, a cuyo tenor “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”, desde el punto de vista político, ha sido inoportuno, y no pasará, a menos que el Gobierno aplique la indebida y corrupta “mermelada”
(Colprensa)
