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La sentencia contra Leonidas Bustos, columna vertebral del cartel de la Toga, apenas ameritó una referencia en la primera página de El Tiempo, como si la condena de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia fuese un asunto trivial, insignificante.
Petro dice, sin ninguna prueba ni sustento, que hay “cien por ciento de riesgo de fraude” en las próximas elecciones; la Suprema condena a un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se hizo riquísimo negociando sentencias, por prevaricato y cohecho; se conoce que la esposa y el hermano del Min Trabajo han firmado contratos por 999 millones entre 2024 y 2025 con el gobierno. Mientras tanto su hija fue nombrada en el Ministerio de Vivenda; Petro mantiene el alza de 23,7% del salario mínimo y, vivir para ver, lo hace con el apoyo de varios gremios y candidatos presidenciales que, en lugar de mantener sus críticas ante su aumento desmesurado y arbitrario se asustaron con las eventuales consecuencias electorales, dejaron sin apoyo al Consejo de Estado y terminaron legitimando el capricho gubernamental; un niño de siete años mueren porque la Nueva EPS, intervenida y controlada por el Estado, no le entrega el medicamento que necesita como hemofílico y los canallas de Petro y el Min Salud le echan la culpa a la madre de la criatura; el parque Tayrona y las zonas turísticas alrededor de Santa Marta están bajo el control de grupos ilegales
El gasto en salud ya representa el 9% del gasto total de los hogares; el déficit comercial saltó de US$ 10.807 en 2024 a US$ 16.377 el año pasado, un 52% más; “comunidades” del Cauca secuestran 1.500 funcionarios y agreden físicamente a varios de ellos mientras que la Secretaría de Gobierno de Bogotá no hace nada; por cuenta de que el Estado ha sido incapaz de tomar decisiones de fondo sobre ellos, habría que devolver bienes incautados a corruptos y bandas criminales por valor de seis billones de pesos.
Solo en enero antes de la entrada de la ley de garantías el gobierno de Petro firma contratos por 14,8 billones de pesos, un 75% más que Duque en el mismo período; la mamá y el hermano de la Ministra de Cultura les dieron contratos por 643 millones solo en lo corrido de este 2026; las quejas contra las EPS controladas por el gobierno crecieron 51,4% desde su intervención, 944 mil en 2025; la junta de Ecopetrol mantienen a Ricardo Roa en su cargo aunque fue imputado por violación de los topes en la campaña presidencial y por una sospechosa y muy barata compra de un apartamento a un contratista de la compañía; la Suprema deja en firme la orden de captura de Carlos Ramón González, compadre de Petro y ex M19, dueño del partido Verde y director general de Presidencia, por la operación de saqueo de la UNGRD y el soborno de congresistas para favorecer a su jefe; imputan cargos a Juliana Guerrero, la pechichona de Petro y Benedetti que iban a nombrar viceministra, por su título profesional falso; denuncian que es falsa una denuncia con base en la cual llaman a calificar servicios al general Urrego. Un montaje para justificar sacarlo como retaliación por el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en Barranquilla,
Apuesto que el generoso lector que ha tenido la paciencia de llegar hasta acá no se enteró de la inmensa mayoría de estos hechos o los olvidó rápidamente. En la vorágine, perdemos la capacidad de entender y asimilar la espantosa realidad que vivimos en este gobierno desastroso. La impudicia y lo impensado se han vuelto parte del paisaje.
